NO será porque nuestro sabio refranero no nos prevenga contra hablar demasiado ("por la boca muere el pez"; "en boca cerrada no entran moscas"; "al buen callar llaman Sancho"; "quien mucho habla mucho yerra", etc.). Pese a ello, personajes importantes han cogido recientemente el defecto de la locuacidad, hablando de cosas que no son de su competencia. Ya sé que existe el derecho a la libertad de expresión, elevado al rango de derecho fundamental, pero una cosa es hablar con sentido y otras a "tontas y locas", como suele ocurrir cuando se opina de algo que no nos incumbe.

Un buen ejemplo es la polémica entre el juez Castro y el fiscal Horrach, so pretexto del procesamiento de la infanta Cristina por blanqueo de capitales y delito fiscal. Ha sido en sus respectivas resoluciones donde se han llamado de todo. Según el fiscal, el juez ha tenido que hacer encaje de bolillos para imputarla. Allá cada uno con su opinión y con el mal ejemplo que dan, pero resulta extraño que el juez vea la presunta comisión de un delito fiscal, cuando ni la fiscalía, ni la abogacía del Estado, en nombre de la Agencia Tributaria, que algo deben saber de esto, le acusan de ello.

Otro buen ejemplo de locuacidad sobrevenida es la de Juan Cano Bueso, presidente del Consejo Consultivo de Andalucía. Su carrera jurídica ha sido meteórica y sorprendente. Antes de ser nombrado, por ser "jurista de reconocido prestigio" era letrado del parlamento de Andalucía y con él coincidí los ocho años de mi vida parlamentaria. Es titular de la cátedra de Derecho Constitucional en la Universidad de Almería. Ahora en pocos días ha hecho declaraciones de gran resonancia mediática: que tiene la intuición de que cuando el caso de los ERE llegue a los tribunales superiores "se disolverá como un azucarillo o se va quedar en menos de lo que parece". Otra: que hay que celebrar un nuevo pacto constituyente para diseñar un Estado federal "no necesariamente simétrico", en el que se sitúen cómodamente Cataluña, y el resto de las comunidades históricas, entre las que está Andalucía. Que su Consejo Consultivo hubiere evitado la construcción del hotel Algarrobico. Y la última sobre Magdalena Álvarez, que en su opinión, debería haber dimitido al día siguiente de estar imputada, aunque nos advierte que todos los españoles tendremos que indemnizarla si luego no resulta condenada.

Despachar el mal empleo de los fondos públicos, la unidad de la nación española o los sucesos de actualidad con estas opiniones no le hace ningún favor a quien preside el máximo órgano consultivo de Andalucía.