El terremoto que se ha desatado en la sanidad andaluza, con epicentro en Granada y réplicas en otras varias provincias de la región -entre ellas, una no menor en Sevilla-, ha cogido a la Junta de Andalucía con el pie cambiado. Por razones variadas, pero por una fundamental: falta de costumbre. Que miles de personas salgan a la calle para cuestionar la joya de la corona de la política de la Junta y que el movimiento, además, tengan un origen que se escapa al control de los partidos y sindicatos tradicionales ha superado la capacidad de reacción de San Telmo. Ha sido un estrafalario médico granadino el que ha encendido la mecha que el Gobierno andaluz no ha sido capaz de apagar y que amenaza con convertir se en un incendio de serias proporciones. Algo ha hecho mal la Junta. En el origen, porque de lo que se trataba era de dar a Granada el hospital más moderno y mejor dotado de Andalucía y eso se le ha vuelto en contra. Y en la gestión de la crisis, porque, a pesar de algunos gestos de buena voluntad, ni se ha resuelto el conflicto ni se ha impedido su extensión. Mal asunto. Ocurre en un momento especialmente delicado desde el punto de vista político y cuando menos le convienen a Susana Díaz las pancartas y las críticas en la calle.

La Junta es una enorme maquinaria burocrática y de poder que maneja tres áreas que constituyen el núcleo duro de sus competencias, afectan de forma muy directa a la calidad de vida de los ciudadanos y a la percepción que reciben de la calidad de la gestión de sus gobernantes: la sanidad, la educación y la atención a la dependencia. Las tres requieren ingentes cantidades de recursos y grandes dosis de capacidad de gestión. Cuando falta de lo primero hay que afinar mucho más en el segundo y eso parece que es lo que está empezando a pasar factura a un Gobierno hasta ahora muy poco tocado por el descontento popular.

En ninguna de estas tres áreas la Junta puede permitirse el lujo de fallar, sobre todo en las dos primera; la dependencia tiene otras características y exigencias. Se pueden tener diferencias y enfrentamientos con los agricultores, los funcionarios o los operadores turísticos, por citar algunos sectores también importantes en Andalucía. Pero echarse encima a los usuarios y profesionales de la sanidad y a la comunidad educativa es buscarse problemas graves, de los que marcan una legislatura. Es un asunto de muy difícil resolución porque tiene mucho que ver con las expectativas que se crean los ciudadanos sobre sus derechos y como éstos se ven satisfechos. Depende mucho de momentos y lugares. Todos conocemos a personas que consideran que la calidad de la sanidad pública andaluza les ha salvado la vida y a otras que han visto cómo unas urgencias colapsadas y unos profesionales superados los han puesto al límite y han recibido una atención muy lejos de lo que sería exigible. Lo mismo pasa con la educación, donde además un director de instituto o incluso un tutor puede hacer que un centro público pueda competir con los colegios de élite o, por el contrario, roce el desastre.

Que la Junta tenga abierto en canal el tema sanitario y que se vislumbren problemas en la educación, donde existe un profundo y persistente descontento de los profesionales, debería de encender todas las alarmas en el Palacio de San Telmo. Los resultados del Estudio General de Opinión Pública de Andalucía, dados a conocer esta semana, son para pararse a pensar. Más allá de la evolución de la intención de voto del Partido Socialista, sometido a una grave convulsión interna y sin urgencias electorales en estos momentos, lo que llama la atención es que los andaluces ven como auténticos problemas la calidad de su asistencia sanitaria y de su educación. Por encima de las acusaciones de corrupción con las que han martilleado durante años los medios de comunicación. Conclusión: la gente sabe en base a qué se mide de verdad una gestión política.