QUÉ fue antes, el huevo o la gallina? ¿Quién empezó primero, el de Fitonovo que ofreció dinero al funcionario para agilizar un contrato o el funcionario que prometió la adjudicación a Fitonovo a cambio de una mordida? Interesante debate para ociosos, pero que el hombre común zanja echando el balón al suelo: corruptos todos. O con la estricta aplicación de la ley de Mahoma (nueva versión): tan corrupto es el que da como el que toma.

El caso es que la operación Madeja, activada por la juez Alaya y su Cuerpo de Seguridad favorito, ha desarticulado una trama de corruptores y corrompidos que presenta varias características distintivas. Vamos, que es singular con respecto a otras corrupciones. Vamos con ellas.

Una, que no ha sido una corruptela esporádica, ni un chanchullo de temporada ni un trapicheo de circunstancias. El auto de la juez habla de una organización criminal que ha sobornado a medio centenar de personas en una docena de administraciones distintas de varias comunidades. Con dinero, regalos y obras para que le facilitasen contratas públicas en los diferentes niveles. Durante más de quince años y con más de tres millones de euros en mordidas. Con contabilidad B, dinero negro, empresas ficticias y facturas falsas.

Dos, que, a diferencia del caso de los ERE o de los fondos de formación, los imputados-protagonistas no pertenecen sólo al ámbito de la política y al sector del cargo público. Hay algunos concejales destacados en la trama, pero son mayoría los funcionarios, altos y medios, que en ayuntamientos, diputaciones (y cabildos, en la rama de Canarias), delegados provinciales de ministerios y empresas públicas trabajaron en defensa de los intereses de Fitonovo, y cobraron por ello.

Y tres, que la escasa presencia de cargos públicos no es incompatible con su papel decisivo en la caracterización de esta red corrupta: fue usada también como instrumento para la financiación de los partidos gobernantes en las instituciones concernidas (PSOE e IU claramente, con sospechas no muy consistentes sobre el PP). Los partidos fueron gratificados con fondos para sus campañas electorales, obras en sus sedes y otras contingencias. Si los cobradores entregaban toda la mordida a sus organizaciones políticas o, como en Filesa y Gürtel, se apropiaban de una parte en pago por sus inestimables servicios importa poco. Organización criminal, al fin.