EL Gobierno de España ha ofrecido facilidades de liquidez a las comunidades autónomas en situación crítica de tesorería para que puedan hacer frente a sus principales obligaciones, entre las cuales la prioridad absoluta la tiene el pago de intereses y de capital de la deuda pública. Así lo establece el artículo 14 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que lo antepone a cualquier otro tipo de gasto, sin exclusiones de ningún tipo. Esto se deriva de la reforma del artículo 135 de la Constitución Española, producida en septiembre de 2011, y ante ello no caben alusiones a la obligación de mantener intacto el ejercicio de derechos ciudadanos que comportan gasto, muy particularmente la sanidad, la educación o el seguro de desempleo. Ni, desde luego, a mantener también intacto el volumen de empleo público.

Las medidas extraordinarias de apoyo a la liquidez se han establecido en el pasado mes de julio (RDL 21/2012) y tienen como finalidad exclusiva atender a los vencimientos de la deuda de las CCAA que soliciten voluntariamente la adhesión. Eso sí, la solicitante ha de proponer un plan de ajuste y ha de obligarse a remitir información que permita el seguimiento mensual de su situación financiera. El Gobierno también está facultado para enviar una misión de control si detecta incumplimiento de las medidas del plan de ajuste o riesgo de incurrir en ello. A la vista del informe de esta misión, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas puede adoptar las medidas coercitivas o las de cumplimiento forzoso establecidas en los artículos 25 y 26 de la mencionada Ley de Estabilidad Presupuestaria. Esto no es nuevo, porque ya estaba previsto en el artículo 155 de la Constitución, que faculta al Gobierno de España, llegado el caso, a dictar instrucciones a todas las autoridades de una comunidad autónoma. Y esto no es una reserva o una singularidad del descentralizado Estado español, puesto que está inspirado en la figura de la "coerción federal" establecida en Alemania, el paradigma de los federalistas españoles.

Las obligaciones de pago de la deuda autonómica durante lo que resta de 2012 son de tal volumen que será infrecuente que una comunidad pueda atenderlas sin acudir a esas facilidades extraordinarias. Y, muy particularmente, Cataluña cuya situación presupuestaria y de tesorería la hace absolutamente incapaz de seguir cumpliendo sus funciones de forma autónoma; por ello ha sido de las primeras en anunciar que solicitará la ayuda del Estado, lo que los ciudadanos hemos dado en denominar "rescate" traduciendo al castellano el significado de "bailout". Ciertamente esta expresión tiene un matiz peyorativo, pero así se denominan los préstamos concedidos a empresas o gobiernos que se enfrentan a una situación financiera muy difícil o a una posible suspensión de pagos. El Gobierno de Cataluña, como casi siempre, ha tenido muy en cuenta a la galería y tras anunciar la adhesión ha culpado a Madrit de ser el responsable de sus penosas circunstancias, porque no concede un pacto fiscal similar al de las provincias vascongadas y Navarra. No veo yo muy claro que con un anacrónico pacto fiscal medianamente equitativo hubieran evitado acumular casi el 30% de la deuda autonómica, habida cuenta de la vocación de gasto que ha caracterizado a todos los gobiernos catalanes.

No ha habido ni la más mínima reflexión, ni tampoco en otras comunidades, sobre las causas verdaderas y profundas. La caída de la recaudación fiscal simplemente deja al descubierto la realidad: el tamaño del sector público español es inasumible para nuestra economía. Hemos actuado equivocadamente en dos ámbitos, por una parte centrifugando las decisiones de gasto hacia las comunidades autónomas, sin apenas ninguna preocupación por su eficiencia -un mandato constitucional-, y, por otra, haciendo crecer más allá de lo financieramente sostenible el gasto sanitario y educativo. Hasta hace apenas cuatro años podíamos soportarlo, porque lo sufragábamos con unos presupuestos tan burbuja como la inmobiliaria (el gasto público se duplicó entre 2000 y 2010) y contábamos con financiación internacional barata e ilimitada, sin prestar atención a la luz roja permanentemente encendida en nuestra balanza de pagos. Y, en el caso particular de Andalucía, haciendo caso omiso del desequilibrio entre consumo e inversión pública y privada frente al PIB regional, habitualmente superior a un 15% pero cómodamente soportado por transferencias del exterior y endeudamiento.

El problema de Cataluña y de las restantes comunidades no radica en los coches oficiales, número de consejerías, gastos suntuarios, legaciones exteriores o infraestructuras absurdas por costosas y poco utilizadas, ni tampoco se encuentra en las televisiones públicas. El problema es de muchísimo mayor calado y tiene que ver, como digo, con la extensión de las funciones que han ido asumiendo las comunidades a partir de las competencias originarias, instrumentadas con frecuencia mediante agencias y entes empresariales que ahora han perdido su finalidad principal, la agilidad en la ejecución del presupuesto de su consejería de adscripción, que ahora y durante años estará sensiblemente mermado. Y esta extensión de las funciones ha sido tan singularmente amplia en la sanidad y en la educación que ya no cabe subsanar el problema mediante el racionamiento de las prestaciones o la introducción de la prestación privada con financiación pública. El caso de los hospitales privados catalanes, que han pagado la nómina de julio casi de milagro lo acredita sobradamente.

La pose del Gobierno catalán, no enviando a su consejero al Consejo de Política Fiscal y Financiera, es solamente eso: una pose. Es la región más beneficiada, con diferencia, en cuanto a los nuevos límites de endeudamiento establecidos y por ello no va recurrirlos. Curiosamente, ayer supimos que el Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional la aplicación del segundo Plan E en Cataluña, porque el Gobierno asignó directamente los fondos a las corporaciones locales, sin pasar por la Generalidad. ¿Y ahora qué hacemos?

Sin embargo, no le falta cierta parte de razón al Gobierno andaluz en sus quejas porque la distribución del nuevo endeudamiento admitido ha sido mucho más restrictiva para Andalucía que para cualquier otra comunidad, salvo la de Madrid. Pero la situación de nuestras cuentas públicas no la vamos a solucionar aludiendo otra vez al fantasma del 28-F -perdón, el espíritu-. No se puede volver a la casilla de salida y hay que continuar el juego. Ciertamente, con un ajuste que será muy duro y para el que será necesaria la comprensión y la colaboración de todos.