Adiferencia de otros escándalos de corrupción, el caso de los consejeros y directivos de Caja Madrid -que, ya como Bankia, tuvo que ser rescatada por el Estado con 22.000 millones de euros tras la gestión de dichos responsables- que se repartieron tarjetas de crédito fiscalmente opacas con las que se hicieron pagos de 15 millones de euros durante diez años, ha provocado una reacción contundente y acelerada de los partidos, agentes sociales e instituciones implicadas o afectadas. El profundo malestar acumulado en la opinión pública por los continuos episodios de corrupción y la incapacidad institucional para combatirlos, así como la circunstancia de que en Caja Madrid los privilegios y el aprovechamiento ilícito de fondos públicos se habían extendido a todo el espectro político y la representación empresarial y sindical, explican en parte esta respuesta enérgica. Varios de los consejeros y directivos que utilizaron a discreción la tarjeta de crédito que no se declaraba a Hacienda han dimitido a las pocas horas de difundirse la noticia de estas prácticas o han sido obligados a dimitir por las organizaciones que les habían premiado por su militancia o por los servicios anteriormente prestados, entre ellos dos altos cargos del Ministerio de Hacienda y la Comunidad de Madrid, el secretario general de UGT-Madrid y otro sindicalista histórico de CCOO, al tiempo que el secretario general del PSOE ha adquirido el compromiso formal de sancionar a los quince consejeros socialistas que han formado parte del consejo de administración de la entidad financiera, a los que se ha abierto expediente de expulsión y a quienes se pretende obligar a devolver las cantidades percibidas irregularmente (en la medida en que no tributaban al Fisco, independientemente de su legalidad o ilegalidad). Por otra parte, la Agencia Tributaria ha decidido abrir una investigación para analizar el uso que hacen de los llamados gastos de representación todas las empresas del Íbex 35, ante la sospecha de que, al igual que en Caja Madrid, puedan estar actuando como instrumento de remuneración extra oculta a la Hacienda Pública. La democracia española sería mucho más sólida, las instituciones más legitimadas y la política mejor considerada si en los numerosos casos de corrupción que han ensuciado la vida pública nacional en los últimos años se hubiera actuado con la rapidez y firmeza con que ha sido recibido este escándalo. Porque es un escándalo que mientras Caja Madrid se iba hundiendo hasta el punto de necesitar un rescate, sus mayores responsables se autoconcedían prebendas para complementar irregularmente sus nada precarias retribuciones ordinarias.