Editorial

Malaya, con sabor agridulce

LAS caras de satisfacción y alivio con las que la mayoría de los acusados acogieron el fallo judicial del llamado caso Malaya son la clara expresión de que la Audiencia de Málaga no dictó ayer una sentencia que pueda tacharse de dura contra la mayor trama conocida y juzgada de corrupción política en la historia reciente de España. Más de un 40% de los 95 acusados que se sentaron en el banquillo el 27 de septiembre de 2010, cuando comenzó el juicio, salen finalmente absueltos. Casi todos los condenados, por una razón u otra, también ven rebajadas las penas respecto a las solicitadas por el fiscal. En una decena de casos, el tribunal les compensa "el innecesario sufrimiento padecido" tras unas detenciones que considera irregulares, basadas en unos autos "insuficientemente fundados" y en las que se excedieron los plazos legales para presentar a los arrestados ante el juez. Un claro reproche a la actuación en su día del juez instructor Miguel Ángel Torres y del entonces fiscal jefe Anticorrupción Juan Carlos López Caballero por la vulneración de estos derechos. Además, la Audiencia valora especialmente la confesión del "jefe de la organización", el ex gerente de Urbanismo del Ayuntamiento marbellí, Juan Antonio Roca, que por este motivo sólo es condenado a 11 años cuando le pedían 30. Los jueces recalcan en su fallo que su colaboración ha sido determinante para conseguir otras muchas sentencias condenatorias. Los otros dos grandes grupos de actores necesarios para perpetrar el saqueo sistemático que sufrió Marbella durante el gilismo y sus sucesores tampoco salen muy mal parados de la decisión del tribunal. A los empresarios, los magistrados les niegan que actuaran bajo el estado de necesidad, pero al aplicarles la pena por cohecho activo estiman que estaban bajo las órdenes de Roca. Respecto a los concejales y funcionarios del municipio, la mayor parte de los castigos son de dos años por cohecho pasivo. Marisol Yagüe, la ex alcaldesa, y la teniente de alcalde Isabel García Marcos suman dos más por alterar el precio de un concurso y la primera otros dos por fraude. Por ese delito, con igual sanción, llega la condena al ex regidor Julián Muñoz. El tribunal pidió ayer a las instancias competentes que los más de 585 millones en multas impuestas y los bienes embargados vayan a las arcas del Ayuntamiento marbellí para compensar las deudas del Consistorio tras el paso de esta red de delincuentes. El caso Malaya deja un sabor muy agridulce. Ya hay sentencia ante el primer gran escándalo de corrupción política que se vivió en este siglo en España. Pero es muy difícil que los ciudadanos, mayoritariamente indignados, se sientan satisfechos con la respuesta a un asunto tan grave como el ahora sentenciado.

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