NO he firmado, ni firmaré, el manifiesto por la lengua común lanzado por un grupo de intelectuales españoles con la cobertura de algunos periódicos influyentes. Como tantas otras iniciativas cívicas, la politización extrema ha terminado por convertirla en arma arrojadiza y munición de banderías, a las que no me da la gana jugar.

Pero tengo una postura, claro está. Me la dio prácticamente hecha una carta al director de El País, el pasado miércoles, en la que una mujer catalana, María Marco, contaba que había acudido al Ayuntamiento de Barcelona a solicitar ayuda para un familiar discapacitado. No pudo rellenar el formulario correspondiente en su lengua, el castellano, porque los funcionarios le dijeron que allí no se usan formularios en castellano. Lo intentó en una oficina de la Generalitat, con el mismo -vano- resultado. Hubo de hacerlo en catalán.

Esto no es normal. En Cataluña hay dos lenguas oficiales, el castellano y el catalán, y es una gran suerte para los catalanes disponer de tan rico patrimonio. La autoridad, cualquier autoridad, sólo tiene que facilitar que cualquier ciudadano pueda beneficiarse de esa riqueza en la forma que convenga mejor a sus intereses, convencimientos o condiciones. Y esto vale para la relación social cotidiana, para la enseñanza, para las gestiones ante la Administración, para el acceso a los servicios públicos y para el comercio.

La autoridad de allí no lo entiende así. Mientras en la vida de todos los días la gente que sólo habla uno de los dos idiomas se comunica sin mayores problemas con el prójimo, los gobernantes se han empeñado en intervenir hasta extremos intolerables en favor de uno de esos idiomas (el catalán, que resulta ser el menos universal de los dos, pero sería igual de funesto si quisieran imponer el otro, el castellano). A los castellanohablantes que quieren ser sólo castellanohablantes -es decir, perderse la oportunidad del bilingüismo que les haría crecer- se les reprime esa libre opción. ¿Cómo? Privándoles de la posibilidad de tramitar una ayuda en la lengua que han elegido (que es la lengua oficial de España y cooficial de Cataluña), como la señora de la carta al director, eliminando de los hospitales los letreros en castellano, multando a los comerciantes que rotulen sus establecimientos solamente en castellano y reduciendo a dos horas semanales la enseñanza del castellano para sus hijos.

Yo defendería el catalán perseguido y erradicado por decreto de las instancias oficiales con la misma pasión con que defiendo el castellano. Si alguien quiere estudiar o hablar sólo en castellano o sólo en catalán, se autolimita, vale, pero debe poder hacerlo. Porque los derechos los tienen las personas, no las lenguas. Creo yo.