la tribuna

Óscar Eimil

Marcha sobre Madrid

EL 28 de octubre de 1922, aproximadamente 40.000 camisas negras, como la plaga de la langosta, tomaban las calles de Roma. Y lo hacían siguiendo al pie de la letra las instrucciones que Benito Mussolini les había dado para exigir la entrega inmediata del poder al Partido Nacional Fascista italiano.

Para resolver la grave crisis política que provocó la Marcha sobre Roma y hacer frente así a la complicada situación a la que se enfrentaba, el gobierno liberal de Luigi Facta pidió al rey Victor Manuel III la urgente declaración del estado de sitio. El Rey, sin embargo, lejos de firmar la orden pertinente, procedió a destituir a su gobierno y a nombrar como presidente del Consejo al Duce, quien, con este teatral golpe de efecto, consiguió de un plumazo lo que no había logrado durante años por otros medios; señaladamente por la vía de las urnas, y también, por qué no decirlo, por la de los puños y las pistolas. Con ello, con esta decisión, se dio paso en Italia, como es bien sabido, a más de dos décadas de gobierno totalitario, con las nefastas consecuencias de represión, miseria, guerras, asesinatos en masa y otras lindezas que nos metieron de lleno, a los italianos primero, y después a todos los europeos, en una de las épocas más siniestras y tenebrosas de nuestra Historia.

Hoy, precisamente cuando está a punto de cumplirse el 90 aniversario de aquellos terribles acontecimientos, se ha convocado, esta vez en España, con una nomenclatura ciertamente desafortunada, una Marcha sobre Madrid, que tendrá lugar el próximo sábado con unos objetivos de desestabilización política análogos a los que tuvo la que se celebró en Roma a principios del siglo pasado. Así, los convocantes, bajo la denominación de Cumbre Social, que aglutina alrededor de los dos principales sindicatos de clase a un buen número de organizaciones representativas de la izquierda social de nuestro país, pretenden "que centenares de miles de ciudadanos marchen a Madrid desde todos los rincones de España para decir no a tanta injusticia", "pedir al Gobierno que convoque un referéndum sobre las medidas aprobadas", "llevar a cabo la convocatoria de una consulta popular" si el Gobierno no lo hiciere, y, por último -y esto es lo más inquietante-, "actuar en consecuencia" si el resultado de dicha consulta les es favorable. Y todo ello, no lo olvidemos, cuando el Gobierno de la nación lleva solamente ocho meses de arduo desempeño para librar a España de la bancarrota en que la dejaron las políticas desarrolladas por la izquierda, esas que apoyaban y apoyan la mayoría de las organizaciones que ahora se aprestan a marchar sobre Madrid.

Creo que todos podemos coincidir en que, al menos desde un punto de vista formal, la imagen -que es lo que al final queda grabado en la retina- de la izquierda española marchando sobre nuestra capital para partirle el espinazo a un gobierno legítimamente democrático, con la fuerza evocadora que tendrá en toda Europa de los acontecimientos históricos de infausto recuerdo de que les hablaba, y con su potencial desestabilizador, resultará letal para el interés general de los españoles, que no es otro que el de ir sacando adelante a sus familias, mal que bien, en estos tiempos que vivimos, malos hoy y, a lo que parece, malos y también revueltos mañana.

Entiendo, asimismo, que, al menos en principio, todos podemos estar de acuerdo en que ciertas materias, como por ejemplo los impuestos -pero también las subvenciones a los sindicatos, o la existencia o no de liberados sindicales o el ejercicio del derecho de huelga en el ámbito de los servicios públicos-, no deben ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos, a menos que deseemos también que nuestro Estado Social y Democrático de Derecho se convierta en otra cosa, más parecida a una jaula de grillos.

Pienso, por último, que a todos debe parecernos bastante antidemocrático que unos pocos -comparados con el conjunto de la nación- quieran utilizar la fuerza de la calle para subvertir el orden constitucional establecido, aquél que dice que el Parlamento legisla y el Gobierno gobierna, de la misma manera que nos lo hubiera parecido si, hace unos meses, ante la ineptitud del Gobierno anterior, las fuerzas de la derecha política y social se hubieran propuesto tomar Madrid, como hacen ahora las de la izquierda.

Pero, sin duda, lo más inquietante de todo es lo del "actuar en consecuencia" a que se refieren los integrantes de la Cumbre Social. Estaría bien, en este sentido, en aras de una claridad muy deseable en estos tiempos, que nos dijeran pronto lo que esto significa, y de qué consecuencias estamos hablando; teniendo en cuenta, como les decía, que hasta Benito Mussolini, fascista reconocido, publicitó a los cuatro vientos, hace ahora 90 años, cuál era su objetivo final: la caída del Gobierno y la toma del poder.

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