Medidas incomprensibles

No tiene ningún sentido que en la conurbación de Sevilla se hagan distingos entre municipios cuando es un todo

No cabe duda de que el avance de la segunda ola de la pandemia exigía medidas más contundentes por parte de la Junta de Andalucía para frenar una tasa de contagio que, al contrario que en la primera, está en niveles muy cercanos a la media nacional.

Vaya eso por delante para dejar claro que las medidas había que tomarlas y que, de hecho, han tardado más días de lo deseable en adoptarse.

Comprendo el cierre perimetral de la comunidad autónoma, máxime cuando estamos hoy comenzando un puente festivo que podía traer a muchas personas desde otras autonomías.

Lo que me parece incomprensible es que se haga tabla rasa en el cierre perimetral, a su vez, de cada uno de los municipios sevillanos. Hay realidades municipales que no pueden verse aisladamente, sino en un conjunto urbano.

El ejemplo palmario es el de la corona metropolitana de Sevilla, que aunque no tenga una articulación administrativa existe de facto como un área unitaria, en la que son ingentes los movimientos entre pueblos limítrofes para muchas acciones que las excepciones a la movilidad no contemplan. No es lógico que se pueda ir a un hospital a otro municipio con el que apenas hay separación física y no se pueda acudir a cualquiera que nos preste cualquier otro servicio. No tiene ningún sentido que en la conurbación de Sevilla se hagan distingos entre municipios cuando es un todo.

Las administraciones toman tantas decisiones que no casan con la vida real de los administrados que empieza uno a no sorprenderse.

Basta con ver este nuevo estado de alarma decretado por el Gobierno central, como está estipulado en la Constitución, pero cuya responsabilidad se delega en las comunidades autónomas, algo que resulta inaudito y que sólo responde a motivaciones políticas. Para establecer un reparto de culpas vergonzante.

Hasta Felipe González le ha afeado la fórmula al Gobierno de Pedro Sánchez, seguro como está el ex presidente de que sólo el Ejecutivo central debería estar al mando de una emergencia como ésta.

Mención aparte recibe ademas la prórroga aprobada en el Congreso de los Diputados que garantiza que estaremos seis meses en estado de alarma. Que el legislador no previese un plazo exacto tras los 15 días iniciales que obligan a una prórroga, no puede ser utilizado con tanta manga ancha, cuando la Constitución sí pone límite al estado de excepción, aún más grave, en 30 días como máximo.

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