AFORTUNADAMENTE para todos estamos asistiendo a hechos favorecedores de la actividad industrial. Uno de ellos es el abandono de la ingenuidad sobre la industria que ha dominado el pensamiento europeo en la pasada década, onnubilados con aquel lema de construir la "sociedad más competitiva del mundo, basada en el conocimiento". Al error de creer que la práctica totalidad de la industria estaba abocada a la deslocalización y que podríamos seguir sosteniendo unos estados del bienestar costosísimos reemplazando la industria por los servicios avanzados se sumó, durante años y todavía sigue, una comprensión deficiente de la sostenibilidad en la que la dimensión económica fue preterida en nombre de la dimensión ambiental. De la social ya se encargaba el Estado, protegiendo unos derechos que, por logrados una vez, ya creían algunos que eran permanentes. No es así, los derechos cuyo ejercicio implica un coste dependerán siempre de la disponibilidad de recursos para satisfacerlos. No es cuestión de ideología, sino de si hay "posibles".

Estamos recuperando el sentido común en Occidente y de ello son muestras la viva negociación para establecer un acuerdo de libre comercio entre la UE y Norteamérica, que va a tener trascendencia histórica. También es prueba la comunicación de la Comisión producida en octubre de 2012: Una industria europea más fuerte para el crecimiento y la recuperación económica, una lectura más que recomendable y que actualiza las orientaciones sugeridas en la comunicación sobre política industrial emitida en 2010. Y en el ámbito de la verdadera realidad industrial y no en el de la acción o del pensamiento político creo que están alcanzando grado de certidumbre tres manifestaciones. La primera es que no son sujeto de deslocalización la totalidad de las especialidades industriales -incluso algunas básicas- ya fuere por razones de coste laboral o por razones de regulación más comprensiva. La segunda es que no tenemos porqué conformarnos los occidentales con retener el valor añadido que se genera en el diseño y en la comercialización de un producto, porque la productividad puede permitirnos también la fabricación; no en todos los casos, claro está. La tercera es que se están produciendo fenómenos de re-relocalización, todavía no generalizables, pero sumamente ilustrativos, como muestran los casos recopilados por la estadounidense Reshoring Initiative (www.reshorenow.org). Y en el ámbito europeo la Industria es, simplemente, una necesidad: nuestro Estado del Bienestar se hará cada vez más insostenible a medida que vaya dependiendo de los sectores ajenos a la industria, por muy avanzados y tecnificados que se pretendan.

Pero el crecimiento de la industria no es sólo cuestión de buenas intenciones políticas ni del establecimiento de objetivos deseables (el 20% del PIB de la UE en 2020, según la mencionada comunicación). En el ámbito público se trata más bien de regulación inteligente; es decir: no perjudicial, no ingenua y no cambiante de modo impredecible. Esto no significa ni complacencia ni creación de ventajas artificiales, sino comprensión del hecho industrial y de los factores que lo influyen. Significa la asunción de que las mejoras vienen dadas por la competencia y por el progreso técnico, no por estándares u objetivos de despacho lucidos para la galería (o para los electores). Y, desde luego, significa facilitar el aprovechamiento de cualquier oportunidad que se presente, desde el beneficio de recursos naturales autóctonos hasta la fabricación y despliegue de servicios derivados de un progreso tecnológico.

En este último ámbito tenemos un caso de primera magnitud, explícitamente contemplado en la citada comunicación y absolutamente relevante para España y para Andalucía. Se trata del despliegue de las redes eléctricas inteligentes, smart grids, que atienden a varias finalidades (eficiencia, vehículo eléctrico e integración de las renovables) y para las que se estima una inversión de 20.000 millones de euros hasta 2020, sólo en Europa. Los dispositivos relacionados, ya sean contadores, concentradores de lectura o plataformas de gestión, y los vinculados a unos servicios de valor añadido que apenas comenzamos a vislumbrar constituyen una oportunidad de negocio descomunal para la electrónica industrial y para el software relacionado. Además el despliegue de redes eléctricas inteligentes no es una singularidad europea, es algo que se va a producir en todo el mundo y en lo que los europeos debemos aprovechar la ventaja que hemos alcanzado.

En Europa coexisten tres estándares de telegestión, G3 desarrollado por EDF, Meters & More desarrollado por Enel y adoptado por Endesa, y Prime, adoptado por Iberdrola y progresivamente por otras compañías tanto españolas (Gas Natural Fenosa, HC y quizá distribuidores independientes) como extranjeras: Energias de Portugal, EDP; o Energa (Polonia), por poner dos ejemplos. Este último admite desarrollos propios de los fabricantes, mientras que en los dos primeros los fabricantes actúan bajo especificaciones de diseño y componentes establecidos por el comprador. En España tenemos un objetivo de reemplazo total del parque de contadores eléctricos, el corazón del sistema, que debe ser cumplido al final de 2018 y que supone la instalación de varias decenas de millones de equipos.

Lo interesante, a efectos de este artículo, es que la provisión de los aparatos que sirven al smart metering y que vienen utilizado Enel/ Endesa o Iberdrola no procede de los característicos países de bajo coste sino que son provistos por la industria europea. Enel estableció una potente base de fabricación en China cuando abordó este programa en Italia, pero los ganadores del concurso que licitó en 2011 fueron dos empresas europeas. No hubo concursantes españoles entonces, pero seguramente los habrá en el próximo concurso organizado por Enel, gracias al esfuerzo que Endesa ha realizado para identificar, evaluar y animar a posibles concursantes, quizá algún andaluz entre ellos. El resultado dependerá de sus propios costes y de sus capacidades, naturalmente, pero estarán en mejor posición que en 2011. Y es obligado recordar aquí la importancia del proyecto demostrativo smart grid que Endesa ha desplegado en Málaga y el valor que tiene que la sede operativa de la telegestión y la dirección del programa (denominado Cervantes) residan en Andalucía.

El otro gran jugador en España es Iberdrola. Al elegir un estándar no propietario ni haber predefinido un modelo ha facilitado que diversas empresas concurran con diseños propios, introduciendo así una variable adicional sumamente interesante y ha facilitado que entren en este ramo empresas de electrónica antes no especializadas en metrología eléctrica; con algún andaluz entre ellos. Sin embargo, y esto es un ejemplo de las consecuencias que tienen las incertidumbres en la regulación, esta empresa está particularmente afectada por el desconocimiento que hoy tenemos sobre cuál va a ser la futura retribución a las inversiones en la red de distribución, además de la que afecta a la retribución de la generación eólica. Estos hechos y el escaso número de horas de funcionamiento de los ciclos combinados han sido puestos de manifiesto varias veces con toda claridad por el presidente de esta compañía, Ignacio Sánchez Galán, y son comprensibles las renuencias a invertir intensa o anticipadamente en España, aunque ello se traduce en perjuicio para los proveedores cualificados más escasos de tesorería.

En definitiva, existe en Europa y desde luego en España y aún en Andalucía la capacidad de aprovechar las nuevas oportunidades industriales que se van produciendo. La industria no necesita protección sino comprensión de su naturaleza y singularidades, y necesita también que los reguladores sean conscientes de las últimas consecuencias de sus disposiciones. El caso que he expuesto ilustra una gran oportunidad aprovechable por la industria española, pero también las consecuencias que las incertidumbres pueden introducir en eslabones importantes de la cadena de valor industrial. Justamente aquellos cuyas fabricaciones sirven para hacer realidad grandes objetivos compartidos por todos.