EL archivo por parte del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) de las causas abiertas contra el alcalde de Marinaleda y diputado de IU en el Parlamento andaluz, Juan Manuel Sánchez Gordillo, por su participación destacada en piquetes que actuaron durante la de huelga general del 29 de marzo de 2012 reabre el debate sobre el derecho de huelga y su ejercicio. El TSJA, en un auto polémico, ha quitado cualquier responsabilidasd penal a las acciones de aquel día del alcalde y sus correligionarios, al considerar que la presencia física, los gritos y el ruido de los manifestantes no suponen una infracción del Código Penal. Probablemente los magistrados deberían haber preguntado a los trabajadores que sufrieron la actuación del piquete si se sintieron o no amenazados y violentados por un grupo que les gritaba "esquiroles", "fachas" y otros insultos. Con todo el respeto que merece la Justicia, nos parece que el máximo tribunal de Andalucía hace una interpretación enormemente laxa del derecho de huelga, dando carta de naturaleza a la acción de los piquetes que, de palabra o de obra, violentan el derecho de los trabajadores. Y peor si los lidera un alcalde y parlamentario con el aval sorprendente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.