DOS presidentes de comunidades autónomas, uno -Chaves- que lo ha sido hasta hace pocos días en Andalucía, y otro -Camps-, el de la Comunidad Valenciana, que sigue en el cargo, han recibido públicamente acusaciones de falta de probidad, aireadas con más o menos profusión, según los distintos puntos de vista de los medios de comunicación. A Chaves, se le acusa de haber incumplido la Ley de Incompatibilidades, por no haberse abstenido en la resolución de un expediente que concede una subvención a una empresa en la que trabaja su hija. A Camps, de haber recibido sobornos, en forma de trajes que no pagaba. En este último caso, Camps dice una y otra vez que dará explicaciones satisfactorias cuando se levante el secreto del sumario. Chaves, por su parte, ha declarado que "todo es mentira"; que se ha creado una gran mentira que tiene como objetivo perjudicarle a él y al PSOE. Yo estoy dispuesto a creer a los dos; es más, quiero que Camps tenga explicaciones que satisfagan a todos y que Chaves tenga razón cuando dice que todo es una gran mentira, y que se trata de un conjunto de medias verdades y falsedades.

Ya se ha producido un debate en el Parlamento de Andalucía, pero muchos no acabamos de estar de acuerdo con que " la Junta ha actuado como es debido y ha dado todas las explicaciones pertinentes", porque parece que deben aclararse qué razones le movieron para otorgar una subvención, denegada en Madrid por el Ministerio, porque estaba prevista para la iniciación de actividades y en este caso ya se habían iniciado. Aquí la subvención se concede derogando esa exigencia por una Orden, posterior a la solicitud de la subvención. También necesita explicación el aumento de la subvención desde los 6,9 millones de euros solicitados a los 10,1 millones de euros concedidos y, sobre todo, por qué en la resolución del expediente se tarda sólo cinco días, cuando no es precisamente la celeridad lo que caracteriza el procedimiento administrativo andaluz.

Chaves ha mostrado su disposición a acudir al Congreso de los Diputados y ofrecer allí las explicaciones que faltan. Éste es el buen camino que él, como hombre de bien, en que lo tengo, debe tomar. No en invitar a sus críticos a que acudan al Juzgado, por que no se le acusa de ningún delito. Nuestra democracia necesita, al mismo tiempo, dos cosas: de un lado, que cualquier apariencia de irregularidad se ponga de manifiesto por los medios de comunicación y se debata en el Parlamento, y otra, que los denunciados puedan demostrar que la irregularidad no ha existido y que su actuación fue correcta. En los dos casos a que me he referido, la primera parte se ha cumplido. Ahora deseo vivamente que ellos también cumplan con la segunda.