ES necesario hacer una ley de huelga que desarrolle el artículo 28 de una Constitución aprobada hace nada menos que 32 años. No parece que fuera precipitado, vamos. Pero todo el mundo busca una excusa para aplazar el trance. Dirigentes de UGT y Comisiones se mostraron ayer abiertos a que se aborde el asunto, pero, claro, exigen que se haga en frío y no al calor del enfado pluscuamperfecto que la sociedad tiene con los sindicatos por la huelga salvaje del Metro de Madrid. Tampoco el Gobierno tiene arrestos para meterle mano a este tema, del que huye como de una vara verde.

También ayer, la vicepresidenta Fernández de la Vega dijo tras el Consejo de Ministros que esto de una ley de huelga es un debate muy antiguo, que lleva muchísimos años y que tampoco ahora es el momento. Sus palabras fueron todo un ejercicio de responsabilidad: es verdad que es un tema que está ahí, que está pendiente, agregó en un alarde de profundidad, en un discurso tan insustancial y evasivo que parecía de Pajín o de Cospedal. Es un estilo, una moda que se impone.

Los sindicatos se han dado cuenta de que su huelga en el Metro de Madrid era insostenible. Eso de reventar Madrid, como dijo el portavoz de la movilización, era un despropósito que desacreditaba al movimiento sindical español en su conjunto. Le estaban dando una bofetada a la presidenta de la Comunidad de Madrid en la cara de los millones de trabajadores que utilizan el suburbano madrileño. Y aunque Esperanza Aguirre haya presumido que ella es pobre de pedir, con el desparpajo y la falta de pudor que la caracteriza, lo cierto es que quienes no tienen dinero, ni tiempo para coger medios de transporte alternativos son las personas que los sindicatos deberían defender.

Pero cada vez más, los sindicatos españoles son organizaciones corporativas que representan a intereses de grupos de empleados con trabajo en instituciones o empresas públicas. (Por cierto, sería estupendo que se publiquen las listas de los delegados sindicales liberados en la Administración, con cargo al erario público). La suerte de los parados y los empleados de empresas privadas les coge cada vez más lejos. Su comportamiento con esta huelga lo demuestra. Aunque tengan razón sobre los servicios mínimos abusivos, que los tribunales desautorizan meses o años después de celebrada una huelga, cuando ya no tiene remedio.

Podrían exigir a las Cortes una legislación más moderna, que incluya la celeridad en el arbitraje sobre servicios mínimos y una ley de huelga que acabe con los excesos donde quiera que se produzcan: en las autoridades, la patronal, los sindicatos o los piquetes que practican técnicas de persuasión más propias de Sicilia o Calabria. La alternativa a los matones, son sindicalistas responsables al estilo alemán.

No habrá ley. Aquí el mundo mira para otro sitio y silba. Así nos va.