SI se han concedido hipotecas por importe superior al del bien hipotecado, no debe extrañarnos que haya quien esté considerando olvidarse de ellas y dejar que el banco se quede con el piso. Es posible que se trate de la decisión más razonable cuando la hipoteca no es muy antigua, y por tanto pequeña la fracción amortizada del capital, y cuando la caída en el precio de la vivienda amenaza con persistir en el tiempo, si no fuera por los graves inconvenientes de entrar a formar parte de una lista de morosos. En cualquier caso, crece como la espuma el índice de morosidad en la banca española, que a mediados de año estaba en el 1,61%, cuando un año antes era del 0,76%, y ya se sabe que se trata de una enfermedad que se transmite por contagio: hasta los clientes más fiables se convertirán en morosos si no consiguen cobrar de los suyos. Todavía estamos lejos, no obstante, del promedio europeo, que se sitúa en torno al 3%, aunque dado el acusado ritmo al que viene creciendo no hay que descartar que la cifra pudiera alcanzarse en breve. En los últimos meses hemos asistido, por ejemplo, a la crisis de Martinsa-Fadesa, que ha añadido 5.200 millones de crédito de difícil cobro al saldo de algo más de 30.000 millones que en estos momentos mantiene el conjunto de la banca española, afectando significativamente a la magnitud del índice.

En este contexto, hay que entender la preocupación de la banca por las consecuencias del aumento del paro sobre el cobro de las hipotecas y del crédito al consumo y por la necesidad, cada vez más imperiosa, de dar un giro radical al negocio, diversificando mercados y entrando en operaciones más complejas y profesionales, que es lo que ha recomendado el subgobernador del Banco de España recientemente. Afortunadamente, la insistencia de esta entidad en reclamar la dotación de provisiones está permitiendo afrontar la situación con cierta seguridad, aunque en estos tiempos de incertidumbre no pueda evitarse alguna reserva sobre la capacidad real de aguante del sistema. Es como lo del superávit en las cuentas públicas de los últimos años, que supuestamente tendrían que haber servido para afrontar mejor la crisis, pero que ha sido incapaz de aguantar más allá de unos meses de desaceleración y de caída en la recaudación tributaria.

En cualquier caso, la banca tendrá que acometer cambios de calado en su funcionamiento, sobre todo porque a partir de ahora será mucho más difícil y más costoso encontrar fuera el ahorro que los españoles no somos capaces de generar dentro, y que en los últimos años ha llegado a situarse nada menos que alrededor del 10% del PIB. Esto también significa que los españoles nos veremos obligados a un ajuste más riguroso entre el nivel de gasto y el ingreso corriente, es decir, reducir el actual nivel de endeudamiento de los hogares, y que a la economía española no le queda más remedio que afrontar en serio la corrección de nuestro endémico déficit por cuenta corriente.

Se supone que siempre podremos contar con el turismo, pero convendría comenzar a pensar que lo ideal sería apostar por un mayor esfuerzo en producir para la exportación.