NUESTRO Estatuto, en su artículo 47, atribuye a Andalucía la competencia exclusiva sobre "la estructura y regulación de los órganos administrativos públicos... y sus organismos autónomos". Ésta es la legitimación de Gobierno y Parlamento para ordenar el sector público. Y el Consejo de Política Fiscal y Financiera de 22 de marzo acordó, por unanimidad del Gobierno y las comunidades autónomas, que éstas aprobarían en 3 meses "planes de racionalización del sector público para mejorar la eficiencia y reducir el gasto".

Dicho mandato se concretó en el Decreto de julio, y el posterior de noviembre tras el acuerdo con UGT y CCOO -centrales más representativas entre los trabajadores públicos de la Junta- para mejorar la gestión del gasto manteniendo la calidad de los servicios, con un ahorro significativo para los contribuyentes. Éste ha sido el leitmotiv de esta reforma, el único. Ante malentendidos o interesados juicios de intención, trataré de explicarme con las enmiendas socialistas. Negro sobre blanco.

Aclaraciones previas: el ámbito de esta ley sólo abarca al 6% del total de funcionarios y laborales de la Junta: el resto seguirá como antes. Y al personal de los entes a suprimir les ampara en su empleo, convenio y derechos, por subrogación o sucesión de empresas, el Estatuto de los Trabajadores: seguirá como antes.

Al grano. Primero y principal: cuando entre en vigor esta ley que aprobará el Parlamento en febrero, 111 de los 350 entes y 180 puestos directivos serán suprimidos. Ningún trabajador público de la Junta será despedido. Ninguno.

Segundo: dicen que esta ley supondrá la privatización de la Administración Pública. Pues bien, con nuestras enmiendas "el ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa o indirecta en potestades públicas… corresponde exclusivamente a los funcionarios"; "los puestos que tengan tareas de dirección con potestades públicas serán desempeñados por personal directivo… funcionario de carrera"; "la designación del personal directivo de las agencias… atenderá a principios de mérito y capacidad, idoneidad, publicidad y concurrencia".

Tercero: para el personal de los entes a integrar "no habrá ningún procedimiento de acceso a funcionario o laboral de la Junta… distinto del establecido para la ciudadanía" porque, entre otras cosas, hacer funcionarios por la puerta de atrás no puede ser… y además es imposible. Con estas enmiendas garantizamos los derechos de todos: funcionarios, laborales, trabajadores de los entes públicos: nadie ganará lo que no tenía, ni perderá lo que había ganado.

Cuarto: la negociación con los sindicatos más representativos de "los estatutos, el protocolo de integración y el plan de actuación" de las agencias, se regirá por la ley de Libertad Sindical partiendo del "vigente Convenio Colectivo del Personal Laboral de la Junta".

Y Quinto, last but not least: tras el diálogo con las organizaciones ciudadanas, de usuarios y consumidores, innovamos el ordenamiento jurídico con sendas enmiendas que las incluyen, como participación de los contribuyentes, en el funcionamiento de los servicios para una mejor "atención a la ciudadanía, el interés general y la calidad" de los mismos.

Pues, al cabo, desde el presidente de la Junta, hasta el jornalero de Egmasa o el funcionario del Grupo A con más trienios, somos -como afirmó el sindicato Safja en su comparecencia parlamentaria- servidores públicos y al pueblo nos debemos.

Y si no, se nos demande. A unos, y a otros. A todos.