EN un área monetaria integrada, donde el tipo de cambio explícito desaparece, el riesgo de cambio (la probabilidad de devaluación) también lo hace. Sin embargo, ese riesgo de cambio se transforma en riesgo de crédito, por el que los bancos encuentran dificultades para captar recursos a gran escala y las familias y las empresas, para conseguir créditos con los que financiar el consumo y la inversión.

Ahí es donde los gobiernos cuentan con un margen para disminuir el riesgo de crédito que impone el mercado, ya sea a través de la banca pública o de la instrumentación de mecanismos financieros, que amplíen las opciones al sector privado.

En esa línea se insertan las dos medidas anunciadas ayer por Zapatero en el Congreso, aunque se destinan exclusivamente al sector inmobiliario. No ha concretado cómo se van a instrumentar, pero el objetivo es captar y canalizar recursos hacia ese sector que está sufriendo la crisis con toda su crudeza, mediante la creación de dos sociedades cotizadas. La segunda trata de transformar la actividad vendedora en arrendadora de viviendas, ofreciendo un balón de oxígeno a aquéllas sociedades con mayor apalancamiento financiero.

Además de un incremento de los recursos para el Plan de Empleo, no se han anunciado más medidas. Pero, ¿podrían aprobarse más para combatir la crisis? Descartados los impulsos monetarios dependientes del BCE, el gobierno ya ha usado la política fiscal en su doble vertiente: por un lado, reduciendo impuestos directos -el cheque fiscal de 400 euros- y, por otro, acelerando el gasto materializado en obra pública.

En cuanto a las políticas macroeconómicas, no hay margen para hacer mucho más, porque los llamados estabilizadores automáticos están operando, vía incremento del seguro de desempleo que inyecta recursos en el sistema.

Podría pensarse que, dada la saneada situación financiera del sector público español -junto al de Reino Unido, el más saneado de toda la OCDE-, hay todavía margen para incrementar el gasto y estimular la actividad económica. Pero existe una restricción fundamental. Sin tipo de cambio que devaluar y una tasa de inflación que supera claramente la media europea, un estímulo fiscal fuerte aceleraría aún más dicha tasa, con lo que la pérdida de competitividad de la economía española respecto de la UE aumentaría, reduciendo la capacidad de creación de riqueza y empleo: nuestras empresas no podrían competir.

En consecuencia, la política fiscal tiene que moverse dentro de los siguientes límites: por abajo, evitando un derrumbe aún mayor de la actividad productiva y, por arriba, evitando contribuir a acelerar la inflación por el lado de la demanda.

La revisión a la baja y la recesión para esta segunda mitad de año anunciada ayer por la UE, va a poner aún más presión al gobierno de Zapatero para que proponga más medidas. Pero no por dolorosa, la recesión deja de ser necesaria para volver a colocar a los sectores financieros y reales en una situación de crecimiento sostenido cuando mejore el entorno internacional.