NO ha durado mucho el júbilo en la Casa Blanca por la histórica victoria que consiguió aprobar la ley de reforma sanitaria. El partido republicano que esta semana se hace oficialmente con la Cámara Baja ha estado rechazando esta ley. La reforma sanitaria se ha convertido en el estandarte de la nueva agenda republicana. Una agenda en la que el objetivo prioritario viene a ser deshacer todo lo que ha conseguido hacer hasta el momento la administración Obama bajo la premisa de que no está funcionando.

Los estadounidenses, ya se sabe, son los maestros de la gratificación inmediata y la lenta, lentísima recuperación de la gran recesión está haciendo perder la paciencia a muchos de ellos. Es en este caldo de cultivo en el que han medrado movimientos tan sorprendentes como el Tea Party, ultraconservadores cuya agenda viene a ser "no a todo". Pero el caso es que han conseguido suficientes votos como para situarse en el Congreso y ahora toca pagar la factura para tenerlos contentos. La forma de pago está siendo, fundamentalmente y entre otras cosas, el ataque frontal contra la reforma sanitaria orquestado por el partido republicano.

Pero el frente no está abierto sólo en el Congreso, también en los tribunales. Apenas horas después de que se aprobara la reforma sanitaria, decenas de abogados y de civiles relacionados con el partido republicano presentaron querellas ante los tribunales contra la entrada en vigor de la reforma sanitaria. Una considerable victoria para los republicanos es que un juez federal de Virginia asegura que esta ley es inconstitucional. El problema es que esta decisión judicial ataca precisamente una de las piezas claves de esta legislación: la obligatoriedad establecida por la ley de que los ciudadanos tengan seguro médico.

Según el juez Hudson, la ley no puede forzar a un individuo a comprar un bien en el mercado privado. Esta parte de la reforma sanitaria, que entrará en vigor en el año 2014, obliga a los estadounidenses a tener que adquirir un seguro de salud. Esta obligatoriedad se impuso, ya que las compañías privadas de seguros no pueden hacerse cargo de los gastos médicos de las personas enfermas que tendrán seguro, a menos que el resto de las personas sanas aseguradas también tengan pólizas de salud. Técnicamente, dice el juez, no es lo mismo que tener que contratar un seguro para el coche porque la ley no te obliga a comprarte un coche. Pero en el caso de la reforma sanitaria, en teoría, solamente por el hecho de existir tendrás que contratar un seguro médico.

Aprovechando la coyuntura el mensaje republicano es: "No estamos hablando de atención médica, estamos hablando de libertad". Con la iglesia hemos topado. Como se les miente la libertad a los estadounidenses el debate promete ser como mínimo intenso (aunque el fondo de la cuestión no tenga nada que ver con la libertad individual, claro).

Los demócratas, que durante las pasadas elecciones al Congreso no hablaban de la reforma de salud ni por casualidad, consideran ahora que tienen una segunda oportunidad de oro para poder hablar y hablar de la reforma y convencer a los ciudadanos escépticos sobre las ventajas de un sistema de salud de estas características. Uno de los grandes fallos de la maquinaria publicitaria Obama, que tan bien funcionó durante las elecciones, ha sido precisamente el poder vender esta ley. Es una ley complicada, difícil de meter en una cápsula. Sin embargo, la ventaja con la que cuenta ahora la Administración es que muchas personas han empezado ya a percibir los beneficios. No es lo mismo hablar en abstracto antes de ponerla en vigor que decir ahora claramente que esos ciudadanos se van a quedar sin sus medicinas gratis, por ejemplo, si los republicanos consiguen lo que se han propuesto.

A pesar de sus claras intenciones en el Congreso, salirse con la suya no se van a poder salir totalmente porque no tienen mayoría en el Senado y en última instancia el presidente puede vetar su decisión. Pero este uso político de los tribunales de ir bloqueando a pedacitos todas las provisiones de la ley estado por estado puede desarmar e impedir que entre en vigor de una manera efectiva.

Al final, quizás la respuesta esté en la historia. En 1935, el presidente Franklin D. Roosevelt firmó la ley que hizo entrar en funcionamiento lo que hoy se conoce en Estados Unidos como Seguridad Social. A pesar de los ataques enfurecidos, las protestas y todo lo que desató aquella ley en su momento, no hay nadie hoy en día en este país que se atreva a tocar la sagrada institución de la Seguridad Social. Me recuerda a esos extranjeros (generalmente americanos) que se niegan a probar un buen pata negra… hasta que lo prueban y no hay quien les quite el plato. Nada como una buena ración de beneficios sociales civilizados.