TRAS la polémica suscitada por el comunicado de los obispos, cabe preguntarse: ¿Qué se puede considerar injerencia inaceptable en la vida pública? ¿Sólo los partidos políticos tienen derecho a opinar? ¿Los colectivos -religiosos, ecologistas, culturales, gays o solidarios- carecen de ese derecho? Para la consejera de Cultura, la irrupción del comunicado de los obispos en la vida pública sería comparable a la de los socialistas durante una misa dominical para pedir el voto (con lo que confunde el espacio público -ágora- y el sagrado -templo-, dando a entender que los cristianos están excluidos del primero). Para la consejera de Salud, "la intención del voto pertenece a la conciencia individual de cada persona".

Ayer manifesté mi acuerdo con ella, añadiendo que eso vale para todos, incluidos los socialistas. Añado hoy que la manifestación de opiniones en el ágora pública -siempre que no vulnere el marco constitucional- aporta una información que enriquece el debate. Los obispos han expuesto su punto de vista -por otra parte, suficientemente conocido- sobre el aborto, la eutanasia o la familia. Su orientación informa, pero no obliga en conciencia: pocas cosas lo hacen en la Iglesia, contra lo que desde fuera de ella (y a veces desde dentro) se pueda creer. Suma al debate una voz que los católicos oyen con respeto crítico (respeto porque son sus obispos y crítico porque el Vaticano II destacó la "dignidad de la conciencia personal"), pero no con obediencia ciega. ¿Los hay que obedecen ciegamente y entienden que se les prohíbe votar al PSOE y obliga hacerlo al PP? Eso, además de ser más problema de ellos que de los obispos, no responde a la realidad: los datos de la Agencia Tributaria sobre los declarantes del IRPF indican que las comunidades donde hay una mayoría clara de izquierda, caso de Andalucía, se sitúan en el grupo donde se marca más la casilla católica.

Tampoco responde a la realidad que se reproche a los obispos que hablen ahora y callaran, en complicidad con el PP, ante la guerra de Iraq. Varios la condenaron individualmente y la Conferencia Episcopal colectivamente, en la nota pastoral de febrero de 2003 La paz, don de Dios e imperativo moral. Mucho irritó entonces al PP la intervención del presidente de la Conferencia Episcopal en el Foro Europa, advirtiendo al Gobierno popular que "las condenas del Papa a la guerra de Iraq son vinculantes, por exigencias de la fe y desde el punto de vista práctico, para todos católicos". Entonces el PSOE aplaudió la injerencia de los obispos y el PP, que ahora aplaude la que le conviene, la criticó.