NO me gusta pronunciarme sobre asuntos sub júdice. No hablaré, pues, del caso judicial Urdangarín. Sí diré que es inapropiado que éste haya usado el nombre de su esposa y de la Casa Real para solicitar subvenciones, sea delito o no.

La cuestión suscita una cierta solidaridad. El rey Juan Carlos tuvo que hacer esfuerzo y sacrificios para llegar a serlo: el desarraigo de su familia en su adolescencia, para venir a vivir a una España en Dictadura a ser educado bajo la tutela de Franco; soportar los, para él, torturadores silencios del dictador acerca de quién sería Rey; los conflictos con su padre que no comprendía el papel de su hijo, y su relación con Franco, que no le transmitió los derechos dinásticos hasta años después de ser Rey. Y enfrentarse a un golpe de Estado. Todo para que un yerno ponga en peligro la Monarquía. Porque ésta sólo ha sido aceptada en el afecto social, por la legitimidad de ejercicio que ha demostrado don Juan Carlos. La indignación del Rey y del Príncipe, quizás el más perjudicado, debe ser de órdago.

Cabe también una reflexión institucional. La Monarquía se basa en la tradición histórica y no resiste el más mínimo análisis de racionalidad política (por no ser electiva): sólo se sostiene si quienes están al frente de ella tienen un comportamiento ejemplar. Es lástima que la Constitución no diseñara una Corona más en consonancia con los tiempos. Se discriminó a la mujer con respecto a la sucesión, lo que ya en 1978 era toda una obsolescencia. Y se ha mantenido como costumbre constitucional el que los recursos públicos para el sostenimiento de la Casa del Rey tengan la más absoluta opacidad.

La oportunidad Urdangarín consiste en que, por mor de este asunto, es probable que las cuentas del dinero público destinado a la Corona tengan la misma estructura y control que el resto de los recursos públicos. La mayor parte, dicen, se va en salarios y gastos de funcionamiento. Es bueno que se sepa cómo se gasta, con independencia de que el sueldo del Rey y del Príncipe heredero sea de manejo privado, como cualquier otro.

La contaminación de la infanta Cristina, socia y secretaria del consejo de administración de una sociedad con Urdangarín, es otra oportunidad. Cuando los hijos del Rey, que no sean el heredero o heredera, se casan, forman otra familia y no deben asumir actos de servicio ni recibir dinero de la Casa del Rey.

Es raro que una familia tenga por herencia una magistratura pública. Para que sobreviva, más vale protegerla de hijos, consortes y demás parentela que no tienen ningún título constitucional para actuar en oficios públicos.