CUANDO comenzamos a trabajar, analizando su realidad urbana y territorial, en el recién aprobado por la Junta de Andalucía Plan General de Marbella, fácilmente se concluía que la pervertida gestión de la ciudad en los últimos años había eclipsado su dimensión cívica, degenerando en una situación autárquica e insostenible. Ello dio lugar a un importante desequilibrio entre la dimensión de la oferta inmobiliaria y las dotaciones públicas, en perjuicio de éstas. Para revertir esta complicada situación, tuvimos claro que las propuestas del Plan debían tener un claro efecto reparador, y estar fundamentadas en la lógica y en la ética.

Sobre el fundamento "lógico" del Plan las propuestas principales apuntan, de un lado, a convertir de nuevo a Marbella en el referente de cómo han de ser los espacios turísticos y residenciales, modernos y complejos, vinculados a valores relacionados con la calidad del entorno climático, ambiental y paisajístico, con alta rentabilidad, oferta diversificada y cada vez más desestacionalizados; y de otro lado, a dotar a la ciudad de nuevos espacios adaptados a la economía del conocimiento y al desarrollo e implantación de las nuevas tecnologías, lo cual exige espacios altamente cualificados que ofrezcan a las empresas equipamientos y servicios suficientes. También a un importante esfuerzo por modernizar los sistemas orgánicos de la ciudad (abastecimiento, saneamiento y energía), a la apuesta por la compacidad y la diversidad, buscando la integración espacial de los diferentes grupos sociales en el territorio, y al protagonismo del sistema ambiental como elemento que da forma, legibilidad y comprensibilidad al territorio. La revitalización de los centros históricos de Marbella y San Pedro de Alcántara y el reparto proporcional de las cargas derivadas del desarrollo y mantenimiento de la ciudad son también propuestas principales.

La componente ética del proyecto de ciudad que propone el Plan contempla, como principio rector, la construcción de una "ciudad de todos". Las apuestas que, de forma más eficaz, contextualizan este principio de construcción urbana son: la opción por una movilidad sostenible, moderna y eficiente, apoyada en el nuevo ferrocarril de la Costa del Sol, y en el que las distintas estaciones cualifiquen la estructura urbana y sean determinantes para potenciar nuevas identidades y centralidades periféricas; el mantenimiento de un justo equilibrio entre los usos residenciales y los no residenciales, favoreciendo la creación de proximidad; la garantía de un mínimo de calidad urbana en todos los ámbitos de la ciudad mediante los equipamientos y servicios necesarios; la definición de una política que posibilite que los vecinos de Marbella puedan acceder a una vivienda a precio asequible y, por supuesto, la tan traída y llevada "normalización".

La normalización es la intervención propuesta por el nuevo Plan sobre la edificación ilegal con el objetivo de recuperar los equipamientos y dotaciones sustraídos a la comunidad. Esta normalización se basa en tres pilares: la normalización urbanística de la ciudad, es decir, eliminar o reducir las tensiones del pasado que impiden a Marbella abordar con éxito las propuestas de futuro; la normalización entendida como regulación de aquellas edificaciones construidas ilegalmente que desde el punto de vista de la lógica del nuevo esquema de ordenación general fueran integrables en el mismo (otras no) y, por tanto, fueran objetivamente asumibles, siempre que quedara garantizada la obtención efectiva de las zonas libres y equipamientos que las mismas requieren; y por último, la normalización del propio proceso de decisión de la regularización, en el sentido de que éste debe responder a principios, criterios y reglas generales que aseguren la legitimidad de la solución, de modo que ésta no sea arbitraria, eliminando, así, la posibilidad de que tenga un efecto perverso sobre la credibilidad del propio sistema urbanístico. Por eso no hay que confundir "normalización" con asunción, sin más, de la situación heredada. La denominada "normalización" no es la bendición del método malayo, es el método de reparación cualificada del daño causado a la ciudad.

Lógica y ética son los fundamentos que permiten construir un Plan en el que el 40,5% del suelo del término municipal está especialmente protegido; en el que se multiplican por 4,28 los parques urbanos existentes; en el que se recuperan para la ciudadanía los espacios litorales ocupados ilícitamente; en el que el suelo para los equipamientos públicos es de 2.080.835 m2 (2,5 veces los existentes); en el que más del 40% de las nuevas viviendas serán protegidas; en el que 8.802 viviendas existentes serán rehabilitadas; en el que se proponen más de 150 kilómetros de carril bici; en el que todos los campos de golf y los jardines públicos y privados se regarán con agua reciclada; en el que se invertirán más de 1.800 millones de euros (el 57% de inversión privada); y, al fin, con el que se crearán más de 30.000 empleos directos y más de 18.000 empleos indirectos. En definitiva, un Plan hecho con los ojos puestos en la utopía, pero con los pies en la realidad.