EL Partido Popular respaldó ayer activamente el silencio que se ha impuesto el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, sobre las nuevas denuncias realizadas por el ex tesorero de esta organización, Luis Bárcenas, que se encuentra en prisión provisional imputado en graves delitos. Rajoy considera que el testimonio de Bárcenas, contrario a su posición anterior, carece de toda credibilidad y que él ya desmintió rotundamente la acusación de haber recibido sobresueldos procedentes de las arcas del PP mientras era ministro en el Gobierno de Aznar. Su negativa a replicar ahora al antiguo tesorero, que enuncia también la financiación irregular del partido gubernamental, fue refrendada y blindada ayer por el Grupo Parlamentario Popular por partida doble. Por un lado, en la junta de portavoces del Congreso de la mañana, rechazando que el próximo Pleno de la Cámara dedique parte de su tiempo a una sesión de control del Ejecutivo, con el argumento de que el Pleno contiene en su orden del día el debate de dos proyectos de ley importantes, como son los de educación y emprendedores. Por otro, ya por la tarde, vetando la comparecencia de Mariano Rajoy solicitada por la oposición en bloque para que el presidente ofrezca explicaciones sobre el caso ante la Diputación Permanente. Lógicamente, la oposición ha rechazado indignada la postura del grupo que ostenta la mayoría absoluta, llegando a hablar de apagón informativo e, incluso, de secuestro de la democracia. Son expresiones un tanto exageradas, pero que reflejan el malestar de la opinión pública, convencida de que las denuncias de Bárcenas, aunque procedan de un personaje tan poco recomendable, merecen una explicación en la medida en que involucran en actividades irregulares e incluso ilegales al líder que hoy preside el Gobierno de España, además de a otros importantes dirigentes del partido en el poder. La acostumbrada táctica de Rajoy de dejar que ciertos problemas políticos pierdan sus aristas más agudas gracias al paso del tiempo puede, en esta ocasión, volverse en su contra, ya que el caso Bárcenas, añadido al caso Gürtel, está adquiriendo caracteres ciertamente escandalosos y alarmantes que exigirían, además de la acción judicial -la más relevante- una respuesta a nivel político desde las más altas instancias del Gobierno y su grupo. Por otra parte, la actitud adoptada por Mariano Rajoy y convalidada por el Grupo Parlamentario Popular produce indefectiblemente cierto déficit democrático. Responder en el Parlamento y dar explicaciones a los ciudadanos son actitudes exigibles en una democracia, donde no puede haber apagones informativos ni silencios interesados sin merma de la calidad del propio sistema.