EL ministro de Hacienda conminó ayer a los representantes municipales de toda España a cumplir los objetivos de reducción del déficit público marcados a los ayuntamientos. Lo mismo que había hecho el día anterior con los consejeros de Hacienda de las comunidades autónomas. Por su parte, el ministro de Economía anunció, también ayer, que la inversión pública se reducirá un 40% durante el año en curso. Los Presupuestos del Estado que se preparan, y que no serán hechos públicos hasta finales de mes, estarán caracterizados por una fuerte austeridad. Se ha calculado el ajuste al que habrán de someterse las comunidades autónomas: 15.000 millones de euros. El tijeretazo en las cuentas públicas es tan intenso que ya se anuncia que el Gobierno piensa reducir el catálogo de prestaciones sociales y autorizar a las autonomías a aplicar el copago sanitario o aumentar las matrículas universitarias. En este contexto y ante la grave emergencia en que nos encontramos, lo más sensato sería buscar una especie de consenso institucional y nacional sobre los recortes que inevitablemente habrá que hacer. Si el Gobierno de la nación y los gobiernos autonómicos fueran capaces de pactar, con sentido de Estado, el catálogo de ajustes en las prestaciones que se consideren más prescindibles y en los múltiples organismos que han crecido desmesuradamente y que suponen duplicidades y elefantiasis administrativa, habríamos ganado todos y se aseguraría la igualdad entre los españoles ante el sacrificio que los recortes traerán consigo. Por poner un solo ejemplo, conviene replantearse el elevado coste para las arcas públicas que significa la existencia de tantas televisiones autonómicas y locales que, en la actual coyuntura, constituyen un lujo que no podemos permitirnos. Sólo Canal Sur recibirá este año de la Junta 122 millones de euros (desde que se creó ha sido subvencionada con tres mil millones). Un gran pacto es necesario para preservar los servicios sociales básicos y eliminar lo que es superfluo y demasiado caro.