EL Consejo Interterritorial de Salud, integrado por representantes del Ministerio y de las comunidades autónomas, ha dado luz verde a un plan de medidas de austeridad que trata de contener el creciente déficit del sistema sanitario público y asegurar las prestaciones básicas, objetivamente en peligro por el enorme gasto que suponen. El acuerdo se ha venido gestando en reuniones discretas celebradas durante los últimos meses, lo que puede constituir una de las claves de su éxito final. Otra es, con toda seguridad, la buena disposición y sentido de responsabilidad de la ministra y los consejeros autonómicos y, en última instancia, del PSOE y el PP, para subordinar sus legítimos intereses partidistas al logro de un objetivo irrenunciable de interés colectivo: garantizar la sostenibilidad de la sanidad pública al alcance de todos los ciudadanos. El plan centra el objetivo del ahorro en el gasto farmacéutico, como no podía ser de otra manera, puesto que representa la parte del león en la que es posible un mayor nivel de racionalización y austeridad. Con su entrada en vigor se modificarán los precios de referencia, se rebajará el de los medicamentos genéricos y se fijarán máximos para fármacos contra síntomas de menor entidad, con lo que el ahorro se sitúa, solamente por esta partida, en unos 1.500 millones de euros cada año. Al mismo tiempo, Ministerio y consejerías se comprometen a crear una central común de compras a fin de abaratar los precios de las medicinas y se pondrán en marcha, donde no las haya, campañas informativas para concienciar a los usuarios del coste de los servicios y el buen uso de las urgencias. Más complicado nos parece el objetivo de homogeneizar las retribuciones de médicos y enfermeros, mientras que puede considerarse un logro efectivo el acuerdo para implantar un calendario único de vacunación para toda España, acabando con el absurdo actual de vacunas a criterio de cada autonomía. En definitiva, las primeras autoridades sanitarias, nacionales y autonómicas, han dado todo un ejemplo de lealtad institucional y servicio a la ciudadanía, además de caminar en el sentido de la austeridad que las administraciones están obligadas a recorrer en la actual coyuntura. Han hecho posible lo necesario. De paso, enseñan que es posible el pacto cuando se abandona el sectarismo y se piensa, en primer lugar, en los intereses de los españoles que les pagan.