EL juez imputa a la infanta Cristina por blanqueo y delito fiscal. Los grandes procesos históricos suelen tener comienzos aparentemente menores. Hay convulsiones históricas que se parecen a las catástrofes que la ardilla prehistórica Scrat provoca moviendo una piedrecilla para hacerse con su bellota. Es muy grave que una infanta de España sea citada como imputada en un auto en el que se afirma que "hubiera podido incurrir" en delitos fiscales y de blanqueo de dinero" o que "los delitos contra la Hacienda Pública que se imputan a don Iñaki Urdangarín difícilmente se podían haber cometido sin, cuando menos, el conocimiento y aquiescencia de su esposa por mucho que de cara a terceros indiciariamente mantuviera una actitud propia de quien mira para otro lado".

Esto no compromete a la monarquía parlamentaria. Pero… ¿quién sabe? Podría ser el inicio de procesos históricos de graves consecuencias. En 2014 no se puede asumir la tesis que Francisco Rojas Zorrilla defendió en 1651 en Del rey abajo ninguno. Han pasado casi 400 años y el principio de igualdad ante la ley, en el que todos debemos creer aunque a diario se vulnere, afecta por igual (o debería hacerlo) a monarquías y repúblicas.

Curiosamente la más grave vulneración de este principio de igualdad ante la ley no se produce con relación a la Familia Real -que no está aforada, gozando sólo el Rey de inmunidad civil y penal-, sino a los diputados, senadores, presidentes del Gobierno, defensores del pueblo, ministros, parlamentarios autonómicos y altos cargos de las comunidades autónomas, la Judicatura, la Fiscalía, el Consejo de Estado y los tribunales Constitucional y de Cuentas, que se benefician del aforamiento. España es el único país democrático occidental con tan exagerado número de aforados. En Estados Unidos, Alemania o el Reino Unido no los hay. En Italia sólo lo está el presidente de la República y en Francia sólo el presidente, el primer ministro y los ministros. En España hay 10.000 aforados. Un número escandaloso que evidencia una manifiesta desigualdad criticada por la Asociación Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia o la Asociación Profesional de la Magistratura. La imputación de la Infanta, pues, poco significa como muestra de igualdad ante la ley de todos los españoles; salvo para los republicanos que aguardan un tropezón monárquico y para la demagogia sans-culotte.