AFORTUNADAMENTE no habrá subida de impuestos ni reforma fiscal. La Vicepresidenta Salgado y el Ministro Blanco han decidido que, de momento, se aplaza la decisión. Todo surgió de las declaraciones del segundo sobre la presión fiscal que soportamos los españoles, en torno al 34%, muy inferior al 41% de media en el conjunto de la UE-15, es decir, la previa a las últimas ampliaciones. Las reacciones han sido inmediatas, como la de los inspectores de Hacienda, que apuestan por un mayor esfuerzo en la lucha contra la economía sumergida, probablemente el doble que en el resto de Europa. Y han sido de lo más variopintas, y casi todas en contra de la iniciativa. Se ha dicho, por ejemplo, que la distancia en materia de presión fiscal con los países del norte de Europa es equivalente a la existente en cantidad y calidad de los servicios públicos que perciben los ciudadanos. Otros denuncian que todavía no se ha entrado a fondo en la reforma del entramado institucional que soportan los presupuestos públicos, especialmente en el caso de algunas instituciones cuya utilidad se cuestiona, como son los casos del Senado, Diputaciones, Mancomunidades, etc. También se destaca sus consecuencias sobre la imagen del Gobierno y la indefinición de su política económica.

Declaraciones como la de Blanco, que posteriormente se desmienten de manera tan improvisada como fueron realizadas, no sólo contribuyen a enturbiar el ya de por sí complejo horizonte de ahorradores e inversores, sino que también suponen un freno al proceso de recuperación de la confianza en la capacidad del Gobierno para conducir la situación, iniciado tras las primeras medidas reformadoras del pasado mes de mayo. Los contribuyentes no han olvidado, por otro lado, que ya hubo reforma fiscal el año pasado, cuando se decidió la subida del IVA que comenzó a aplicarse el pasado mes de julio, el aumento al 19 ó 21%, según el caso, del tipo aplicable a los rendimientos del capital y la supresión de la deducción de los 400 euros en el IRPF. Las pretensiones gubernamentales eran aumentar la recaudación en más de 11.000 millones, un importante esfuerzo fiscal que, sin embargo, ha resultado insuficiente y que ha llevado a considerar la posibilidad de nuevas subidas para 2011, tras las medidas de reducción del gasto público de los últimos meses. Es muy probable que el aplazamiento de la decisión haya tenido en cuenta que las teclas que hasta ahora se han tocado han sido funcionarios, pensionistas e inversiones públicas y que la reducción de estructura se ha limitado al cese de actividad de una serie de organismos, cuyas consecuencias económicas y sociales han sido sorprendentemente inocuas. Pedir nuevos esfuerzos al sector privado, cuando el público ha sido tan parco en los suyos, resulta, como mínimo, inoportuno, además de animar a la reapertura del debate sobre la consistencia de la estrategia macroeconómica del Gobierno. Subir impuestos no ayuda a crear empleo o a salir de la crisis, sino más bien a todo lo contrario. Sólo se justifica por la urgente necesidad de corregir la evolución del déficit, aunque para esto siempre queda la posibilidad de mayor austeridad.