Eduardo Moyano Estrada

El Parlamento Europeo ante una nueva legislatura

A nivel europeo, los resultados de las elecciones del 25-M han sido los previstos: baja participación, descenso de los grandes partidos y ascenso de los minoritarios, con una subida importante de las opciones más extremas. Se han hecho cualificados análisis de esos resultados, con sus correspondientes lecturas en cada país. Sin embargo, poco se ha dicho sobre el papel que le toca desempeñar al nuevo Parlamento y sobre las expectativas reales de la nueva legislatura.

En la campaña se habló de que eran unas "elecciones históricas" cuyos resultados podían hacer cambiar el rumbo de la política europea. ¿Hasta qué punto es eso verdad? ¿Realmente, puede esperarse que cambie la política europea como resultado de los comicios electorales al Parlamento Europeo (PE)? ¿Qué puede esperarse del Parlamento en los grandes asuntos que preocupan a los ciudadanos (recesión económica, desafección política, calidad del sistema de bienestar,…?

Antes hay que aclarar un equívoco que hemos venido arrastrando desde hace tiempo y que los líderes políticos no se han ocupado de tratar en la campaña electoral: no estamos ante una sola Unión Europea, sino ante una Unión a dos velocidades, en la que funcionan distintos sistemas institucionales. De un lado, una UE-28, regulada por las instituciones sancionadas por los tratados (Consejo, Comisión, Parlamento y Tribunal de Justicia), donde se dirimen asuntos que afectan al ámbito de las políticas comunes (agraria, pesquera, transportes y cohesión) y donde a través de la cooperación intergubernamental se trata de coordinar las políticas nacionales que no se han comunitarizado. Ahí, en esa UE-28, el Parlamento desempeña un importante papel, ya que, tras el Tratado de Lisboa, asume importantes competencias en el procedimiento de codecisión y en la aprobación de los reglamentos de las políticas comunes, además de ser la institución encargada de aprobar el Marco Financiero Plurianual (presupuesto económico común).

Pero, de otro lado, tenemos otra UE, que funciona a una velocidad diferente. Me refiero a la UE del euro, formada sólo por los 17 estados que componen la Unión Económica y Monetaria (UEM) y que utilizan el euro de moneda común. Es una Unión reducida, que funciona de manera sui géneris y que es regulada por un sistema institucional creado ad hoc por los gobiernos de estos países y que, por ahora, sólo está parcialmente sancionado por los tratados. En esta UE-17 los temas relacionados con la reducción del déficit, el mecanismo de rescate, los tipos de interés o la capitalización bancaria, se tratan y deciden en el seno del Eurogrupo y/o por el Banco Central Europeo. Sobre estos asuntos, poco tiene que decir el Parlamento.

Por eso, cuando en la campaña se afirmaba que las elecciones eran históricas y que de sus resultados podía depender un cambio de rumbo en la política europea, creo que no se ajustaba a la realidad. Una cosa es el indudable protagonismo que va adquiriendo el PE, y otra pensar que su papel será decisivo en el cambio de la política económica europea.

Es cierto que el PE tiene más competencias que antes y que deberá elegir al presidente de la Comisión Europea en codecisión con el Consejo. Pero también es cierto que las competencias del PE en los asuntos de la UE-euro son muy escasas, y que la política económica y monetaria seguirá el rumbo que le marquen los 17 ministros de Economía (es decir los gobiernos de los estados miembros sin contar con lo que digan los eurodiputados). La composición del PE no influye en la marcha de estos asuntos que son los que más preocupan a los ciudadanos de la zona euro.

El único área real de competencias del PE es el de las políticas comunes y el del presupuesto europeo. Pero hete aquí que ya se ha aprobado la reforma de las principales políticas comunes (ya se han publicado los reglamentos de la PAC y los relativos a los fondos estructurales y de cohesión, así como el acuerdo pesquero), y se ha aprobado también el Marco Financiero 2014-2020.

Puede decirse que el nuevo Parlamento empieza la legislatura con gran parte de los deberes ya hechos, y que tendrá que crearse su propia agenda. Esto no rebaja su importancia, sino acota su área real de influencia para evitar falsas expectativas. El protagonismo seguirá correspondiendo, como hasta ahora, al Consejo y a la Comisión. El PE tendrá cosas que decir en temas relevantes, como el proyecto de acuerdo comercial con los EEUU o si hay una reforma intermedia de la PAC (previsiblemente en 2017). También tendrá la oportunidad de promover debates en asuntos de calado, como la necesidad de avanzar en una política común energética o en la política migratoria. O quizá sea cuando comiencen los escarceos para reformar los tratados conforme se vaya consolidando la arquitectura institucional de la zona euro.

El PE tiene por delante una agenda que deberá ir construyendo, pero no cabe esperar de los resultados electorales un cambio de la política económica europea. Esto sólo será posible cuando los gobiernos se convenzan de que continuar con la política de austeridad no resolverá los grandes problemas que preocupan a la ciudadanía. Y eso no depende del cambio en la composición del PE, sino de los que se produzcan en las mayorías nacionales que dominan hoy el Consejo Europeo.

Eduardo Moyano Estrada es Investigador del Instituto de Estudios Sociales Avanzados

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