LA renovación del Tribunal Constitucional, recién ejecutada, ha venido a demostrar muchas de las falacias que el PSOE, el Gobierno y su presidente, Pedro Sánchez, han venido sosteniendo para imponer una corte de garantías que le sea completamente obediente, mucho más allá que de mayoría progresista.  

La primera es la propia renovación en sí, que debía hacerse simultáneamente por parte del Ejecutivo y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). En cuanto la parte progresista del Poder Judicial se avino a un acuerdo y desistió de imponer un nombre que no generaba el consenso suficiente, el acuerdo fue posible. Ergo: el bloqueo no era cosa de una parte, sino de todas las que debían pactar.

Que las renovaciones del TC tengan que responder a la aritmética parlamentaria también es falso y si sucede es porque es la consecuencia lógica del método previsto, que otorga al Gobierno el nombramiento directo de magistrados. Pese a ello, nunca antes los candidatos habían tenido una vinculación tan directa con el poder ejecutivo: un reciente ex ministro de Justicia –el que firmó el indulto a los independentistas catalanes– y  una integrante del Gabinete de la presidencia. Pero como con Sánchez nada es suficiente en su afán por tener el control de las instituciones, no le ha bastado con hacer unos nombramientos que minan la imparcialidad del Tribunal, sino que con una mayoría aplastante de 7 a 4, hay una vacante por cubrir que corresponde elegir al Senado, ha querido tener un gesto para demostrar que no tolera a quienes se le oponen y ha roto lo costumbre, sana por otra parte, de que la vicepresidencia del Constitucional recaiga en un magistrado de la minoría, ahora conservadora.

Por si eso no fuese poco, si la intervención no era ya palmaria, el PSOE de Sánchez ha advertido que va a bloquear el nombramiento del Senado para completar el tribunal de garantías mientras el PP no ceda en la renovación del CGPJ. ¿Eso no es incumplir la Constitución, como acusa a la oposición un día sí y al siguiente también? Pero ni la sujeción a la verdad ni la coherencia son valores que importen algo al presidente, que sólo busca amplificar su poder más allá del Ejecutivo y asaltar el Judicial.

La ejecutoria de Sánchez es, en definitiva, como el cuento Pedro y el lobo. Él piensa que sus mentiras son siempre tolerables y no tienen consecuencias. La única ventaja es que el relato puede tener una variante en su final, porque depende de los españoles discernir que con tanta falacia lo que se cierne es un peligro real que hay que disipar votando.