ESPAÑA se acerca a los cinco millones de parados y las perspectivas de reactivación de su economía son débiles. El presidente del Gobierno ha anunciado que no se presentará a las elecciones de 2012 agudizando la crisis que vive el PSOE. Los ayuntamientos que serán elegidos el 22-M deberán afrontar ajustes y penurias derivadas del control del déficit público a que obligan los mercados financieros, con los que estamos endeudados en cantidades notables. Ante este panorama llama mucho la atención que los gobernantes y legisladores dediquen buena parte de su tiempo y energías -del tiempo y las energías que les deja su encarnizada lucha por el poder, en realidad- a promover iniciativas y medidas perfectamente prescindibles y de dudosa necesidad social. Tal es el caso de las normas de lenguaje no sexista implantadas por la Junta de Andalucía, y también el reciente debate y aprobación en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados de la nueva normativa que regirá la inscripción de los recién nacidos en el Registro Civil en caso de que los padres no lleguen a un acuerdo previo sobre el orden en que deben figurar los apellidos de su hijo. Después de haber descartado soluciones como que el orden de los apellidos se decida por sorteo o siguiendo el orden alfabético de los apellidos del padre y de la madre, la Comisión ha aprobado que sean los funcionarios del Registro Civil quienes decidan según su propio criterio, aunque añadiendo la coletilla de que deberán hacerlo "atendiendo al interés superior del menor". Se trata, en todo caso, de una salida artificial a un problema insignificante, que apenas afecta a unas cuantas parejas, ya que lo normal es que sus integrantes se pongan de acuerdo sobre los apellidos del hijo o hija antes de acudir al Registro. Como hacen habitualmente también con el nombre. Por otra parte, es absurdo que el funcionario que acaba de conocer a la pareja en litigio y que probablemente no vuelva a saber de ellos tenga la capacidad de discernir cuál es el interés superior del menor para fijar cómo deben disponerse los apellidos paterno y materno (por no hablar de los casos de parejas del mismo sexo). En definitiva, mientras el país atraviesa dificultades sin cuento y sobre él se cierne un futuro sombrío, los diputados dedican su tiempo y sus energías en legislar, y chapuceramente, sobre cuestiones que carecen de la menor trascendencia. Un mal ejemplo.