Dentro de la gravedad de la pandemia que estamos sufriendo toda la población mundial, hay algunas personas que sufren, y han sufrido durante los primeros meses, con mucha más gravedad. Quiero poner el foco en cómo hemos tratado a este grupo de población, en un momento que parece haber tocado un desgraciado "sálvese quien pueda". En las decisiones que hemos tomado, o no, para protegerles con la atención que merecen. Me refiero a las personas con discapacidad.

Estas personas sufren de obstáculos para su participación plena en la sociedad en base a unas deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo en tanto éstas interactúan como barreras. Los impedimentos no radican en ellos, sino en su situación en relación con los entornos sociales. La igualdad de condiciones se alcanza por el esfuerzo de toda la sociedad en limitar el efecto que crean estas barreras.

Tenemos el deber de eliminar o limitar estos obstáculos allí donde surjan. Las limitaciones que se crean en periodos de emergencia deberían contar con más atención; pero en estos meses no ha sido así.

No hemos podido, como sociedad, eliminar la discriminación en los triajes médicos; no hemos respondido a tiempo a las necesidades derivadas de sus discapacidades en relación con los confinamientos; ni atendido a sus necesidades cuando residen en instituciones, llegando a casos de abandono; ni primado su atención en las primeras medidas de recuperación económica.

Pero estamos a tiempo de ponerles en la primera fila de la recuperación económica, un camino de largo recorrido que tenemos por delante.

El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia es la herramienta para poder articular el gran paquete financiero que las instituciones europeas están preparando. En las orientaciones de la Comisión Europea para estructurarlo, y en la propuesta de Reglamento que lo dirige, la resiliencia social es uno de los tres ejes de aplicación. Se deben plantear inversiones que mejoren la recuperación desde la perspectiva social. Empleo, coberturas sociales, acceso a servicios, educación o sostenibilidad de las organizaciones que las representan son algunos de los ámbitos a revestir con estas inversiones.

Las empresas y organizaciones españolas son la mejor herramienta para apoyar al Estado en su aplicación. Hay ejemplos de proyectos o estrategias que aseguran que podemos apoyar a las personas con discapacidad con éxito. Iniciativas de intermediación laboral especializada, espacio que, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo, lleva aportándonos resultados positivos durante más de 20 años; asegurar que todo proyecto financiado es accesible; asentar canales de formación profesional para personas con discapacidad en ámbitos de futuro, como la capacitación digital; asegurar los medios para la completa prestación de servicios sociales, habilitación, rehabilitación e integración...

Tenemos financiación, herramientas y gestores más que capaces de implementarlas, y el apoyo de Europa. No perdamos la oportunidad, aseguremos que la recuperación no deja a nadie atrás.