ESTA semana se ha publicado el informe Perspectivas de la Economía Mundial del Fondo Monetario Internacional (FMI), un documento de gran calidad que trimestralmente produce este organismo, aunque en celebradas ocasiones ha errado en su pronóstico. En esta edición corrige a la baja en una décima la anterior previsión del crecimiento económico mundial para el año 2016, dejándolo en el 3,1%, y espera una recuperación hasta el 3,4% para 2017, aunque en un marco de notables incertidumbres, por lo que el tono dominante de los comentarios en los medios de comunicación ha sido predominantemente pesimista. En lo que sigue pretendo matizar ese pesimismo generalizado, y después poner el foco de atención en los países desarrollados, especialmente europeos.

En primer lugar, un crecimiento del 3,1% del PIB no es decepcionante, pues de mantenerse en los próximos treinta años significaría que el PIB mundial se multiplicaría por 2,5, lo que implica un ritmo de crecimiento muy superior al mantenido desde la Segunda Guerra Mundial, que ha sido el periodo de crecimiento económico más intenso de la historia. En segundo lugar, la reiterada consideración sobre la incertidumbre de todas las previsiones se deriva de un hecho real y de otro subjetivo: el primero es que cualquier acontecimiento de cierta entidad que ocurra en cualquier parte de un mundo globalizado puede influir en el resto del planeta, pero, además, dada la rapidez con la que conocemos las noticias en un mundo hiperconectado, y la reiteración de las informaciones (especialmente las negativas), es fácil que domine la sensación de pesimismo sobre el estado del mundo y sus perspectivas, sensación que no encuentra su refrendo en los datos objetivos del progreso de la humanidad.

Las previsiones del FMI para este año y el próximo son muy desiguales por áreas y países. Las economías avanzadas se verán afectadas en 2016 por la inesperada desaceleración de la economía estadounidense en el primer semestre y por el Brexit, por lo que el PIB sólo aumentará un 1,6%. Por el contrario, las economías emergentes y en desarrollo mejoran sus previsiones de crecimiento hasta el 4,2% este año tras cinco años de estancamiento, a lo que han contribuido los mejores resultados de China y, especialmente, India, además de crecimientos récord de países como Iraq, Birmania o Costa de Marfil.

Tras siglos de creciente desequilibrios en favor de los países más desarrollados, el crecimiento desigual en favor de los países emergente de las últimas décadas era previsible una vez que se liberasen las trabas a los flujos internacionales de comercio, tecnología y capital, pero sus consecuencias en los países más desarrollados están generando un creciente malestar intensificado por la coincidencia de diversos fenómenos trascendentes. Por una parte, las secuelas de una profunda crisis económica que ha provocado paro, deuda y aumento de la desigualdad. Por otra, los efectos de la globalización, con pérdida de competitividad en muchos sectores, estancamiento de los salarios e inmigración. Y por otra, los efectos de los cambios tecnológicos, que están generando la estandarización y automatización de muchos trabajos y, con ello, paro, reducción de la clase media y deslocalización de empresas. Este conjunto de cambios pone en cuestión la seguridad en la que estaban instaladas las clases medias del mundo desarrollado, especialmente las europeas (pensiones, trabajos estables, sanidad, educación y otras prestaciones sociales), lo que genera frustración e incertidumbre, propicia el conservadurismo (desde el proteccionismo y el rechazo a la inmigración a la defensa a ultranza de la actual configuración del Estado del Bienestar) y es la base del populismo en sus diferentes versiones.

A su vez, este nuevo escenario político-social está limitando la capacidad de los gobiernos de los países europeos para adoptar reformas profundas que permitan adaptar las instituciones a los nuevos escenarios globales. Dado el agotamiento de la política monetaria, son las políticas de oferta y fiscal las que pueden luchar contra la deflación y aumentar la producción potencial de los países europeos. A las políticas de oferta les corresponden las reformas estructurales que liberalicen los mercados de factores y productos para que se adapten a los escenarios de competencia global, lo que exige vencer la resistencia de colectivos protegidos por múltiples instrumentos. Y a la política fiscal modificar la composición del gasto y el ingreso a fin de respaldar el crecimiento a corto plazo y la capacidad productiva, sin olvidar su función redistributiva para promover la igualdad de oportunidades y proteger a los sectores más débiles de la sociedad.