PESE al sofocante calor de esta tarde, las manifestaciones de funcionarios contra la reducción de sus salarios se prevén muy concurridas. Son tantos y tan variados los colectivos afectados por recortes superpuestos durante dos años, y son tantas las organizaciones políticas, sindicales y profesionales interesadas en avivar la protesta, que, por una vez, suman fuerzas para echarse a la calle desde los colectivos de jueces, fiscales y secretarios judiciales, a los sindicatos médicos y los cargos públicos de Izquierda Unida. Muchos votantes del PP que trabajan en la función pública están cabreados con el Gobierno Rajoy porque les mengua el sueldo, les amplía el horario y les reduce los permisos.

En este río revuelto, hay una evidente ganancia de pescadores. El protagonismo de los sindicatos CCOO y UGT, sobre todo en Andalucía. Rentabilizan ante la opinión pública y ante la clase trabajadora su condición de poder fáctico, en estrecha alianza con el Gobierno Griñán, intentando recobrar adeptos y evitar su pérdida de reputación, porque en las últimas elecciones sindicales sufrieron una demoledora derrota en los servicios centrales de la Junta. Los funcionarios les castigaron por ser correa de transmisión del trágala perpetrado por la cúpula socialista para fortalecer a la Administración paralela y debilitar el estatus de los profesionales de carrera y oposición.

En las consejerías, el voto fue masivamente para el Sindicato Andaluz de Funcionarios y para Csif. Sin embargo, están proscritos por el Gobierno autonómico para darles bola en la interlocución institucional y en las negociaciones. Flagrante anomalía antidemocrática. Hoy, todos irán juntos pero no revueltos porque comparten un objetivo, sienten que tienen un enemigo común, y compiten en hacer ver a la potencial militancia que son los mejores defendiendo a los currantes. Pero lo que hoy unirán Rajoy y Montoro, lo separarán mañana Griñán y Susana Díaz, para que no haya semejante unidad de acción contra los tijeretazos o impagos de la Junta.