EL nuevo Consejo General del Poder Judicial ha echado a andar, y no con buen pie. Sus nuevos miembros han jurado sus cargos ante el Rey y la semana próxima elegirán a su presidente, pero el Gobierno de Rajoy no ha logrado aquello que exigía cuando era oposición: que las instituciones no tuvieran un carácter político tan acusado, que la elección de los miembros de esas instituciones no recayeran en Congreso y Senado, lo que evidentemente obligaba a negociaciones políticas, y que en las instituciones del Estado estuvieran aquellos con un curriculum profesional incuestionable.

Nada de eso ocurre con el nuevo CGPJ, como tampoco ocurre con el recién nombrado Tribunal Constitucional: mal que le pese a sus miembros, a todos y cada uno de ellos se les ha colocado ya la etiqueta de progresista o conservador que tanto les molesta, sin ninguna duda todos y cada uno de ellos votarán en bloque y en función de las inclinaciones del partido que les ha elegido, y también sin duda sus decisiones serán puestas en cuestión precisamente por la politización de la institución que representan. Rajoy, una vez en el Gobierno, no ha cumplido aquello por lo que clamaba cuando era oposición.

En ese nuevo Consejo no hay un solo fiscal, lo que es sorprendente. Se sientan también las mujeres de un alto cargo socialista y un alto cargo del PP. Con méritos profesionales, pero otras mujeres que no eran esposas de tenían tantos o más méritos que ellas, por lo que es lógico que sus designaciones hayan provocado susceptibilidad. No hay fiscales pero sí dos secretarios judiciales, lo que lleva a preguntarse si no había entre los miles de fiscales españoles ninguno con la categoría de los secretarios. Y no se han tenido en cuenta los candidatos que presentaba la APM, la asociación conservadora y con la que el ministro Gallardón las tiene tiesas desde hace meses.

Se podía haber hecho el esfuerzo de nombrar un Consejo que no provocara reticencias como provoca éste porque en algunos casos se nota de lejos que no sólo se han tenido en cuentas las biografías profesionales sino también las personales y políticas. Y, con ese planteamiento de CGPJ, es lógico que en el futuro, cuando tenga que decidir sobre cuestiones sensibles o sobre nombramientos de salas importantes, se haga una lectura política que de ninguna manera se debería hacer con las decisiones de las instituciones del Estado.

Incomoda que la selección de vocales esté impregnada por cuestiones que tienen poco que ver con la trayectoria profesional.