La negativa a convalidar el real decreto que permitía al Gobierno de Pedro Sánchez meter la mano en la caja de los ayuntamientos que tuviesen superávit es más que un revés: es una derrota severa y un aviso a los dos partidos que forman la coalición en el Ejecutivo de España. No vale todo ni cabe imponer criterios cuando no se tiene ni mayoría simple en la Cámara. Y aunque el pulso se lo doblaron los grupos parlamentarios que son oposición -incluyendo los que apoyaron o permitieron la investidura-, lo cierto es que lo ocurrido es también una demostración de la importancia que tiene en nuestra arquitectura institucional democrática el poder local. El rechazo de los ayuntamientos de todo signo ha demostrado que el nivel administrativo más cercano a los españoles tiene mucho más que decir si actúa unido, más allá de las omnicompetentes comunidades autónomas y de los poderes ciertos que la Constitución da al Gobierno central (sólo hay que recordar que nos ha tenido más de dos meses encerrados en casa). Está bien que las corporaciones locales -los alcaldes, en definitiva- tomen conciencia de que tienen un papel colectivo que jugar y que su autonomía individual cobra mucha más fuerza si se pacta y se actúa de común acuerdo. Y es relevante que se recuerde porque la tónica general en el poder municipal -excluyendo la función que cumplen las diputaciones provinciales de asesoramiento y asistencia a pequeños ayuntamientos- es la atomización. El localismo separa más que une, cuando unido puede lograr más. Lleva tiempo enterrado el concepto de Gran Sevilla y lo ocurrido sirve para recordarlo. Unir fuerzas puede traer grandes beneficios: en recursos, inversiones y hasta en visibilidad. Y eso vale para otras áreas metropolitanas andaluzas: las de Málaga, Granada, Bahía de Cádiz o Campo de Gibraltar surgen sin apenas pensarlo. Competirían entre las principales capitales españolas, por población y territorio. Probablemente sea un iluso, pero creo que la unidad de acción y la creación de municipios mayores o al menos de estructuras supramunicipales eficientes sería beneficioso, además de bien visto en Europa. El difunto consejero de Gobernación Alfonso Perales lo intentó a principios de este siglo con un ambicioso anteproyecto de ley de áreas metropolitanas que no llegó ni al Parlamento. Las presiones localistas sólo de su partido lo impidieron. Y eso que entonces el PSOE era el partido de Gobierno en Andalucía. El poder local debería creerse más el papel que tiene que puede jugar. Los recursos y necesidades para el área metropolitana de Sevilla -como las otras andaluzas citadas- podrían ser mayores y estar mejor atendidos si quienes tienen la obligación de liderar la sociedad local fueran capaces de unirse y compartir poder por el bien común.