La calle no tiene rango institucional. Pero hay quien se lo da. Esta semana han coincidido el desfile de las Fuerzas Armadas con el estreno en Netflix de una serie alemana de cinco capítulos sobre el dictador Francisco Franco. El desfile permitió a un grupo de exaltados abuchear a Pedro Sánchez. Ya pasaba cuando Zapatero estaba en La Moncloa; hay quien considera que los primeros ministros socialistas son intrusos en estos acontecimientos. Vilipendiar al presidente en un acto público forma parte de la libertad de expresión, pero quizá cualquier día en cualquier otro sitio sea más oportuno. Hacerlo el día de la Fiesta Nacional en vísperas del desfile nos apunta otra idea: hay quienes sienten que no sólo el Ejército les pertenece en exclusiva, sino también la monarquía, o la legitimidad. Son nostálgicos de un tiempo pasado que no vivieron, en la estela de Vox. Les puede sacar del ensimismamiento la serie de Netflix, que desde una óptica europea, con historiadores ingleses, alemanes y españoles, hace un retrato cruel del dictador y de su régimen, mostrando hasta dónde pueden llegar las desventuras guerracivilistas.

Alfonso Guerra ha criticado el incidente con inteligencia y malicia: "Hay algunas personas que lo mismo abuchean a un presidente que aplauden a una cabra; cada uno elige quien le representa mejor". Estamos ante una minoría, pero desgraciadamente el jefe de la oposición, al día siguiente en la sesión de control en el Congreso, le dio categoría de referéndum a la algarada. Casado le dijo a Sánchez: "Ayer escuchó lo que la dice la calle de usted". La calle es un permanente objeto de deseo y de interpretación. "La calle es mía" es una de esas frases rotundas atribuidas a Manuel Fraga en su época de ministro de Gobernación de Arias Navarro en el primer Gobierno de la Monarquía tras la muerte de Franco. Pero la calle no es de nadie, ni da ni tiene derechos políticos. Tampoco la llamada plaza roja de Vallecas es un dominio reservado de Podemos, como pretendía Pablo Iglesias en la reciente campaña madrileña. Ni las calles de Barcelona son de los CDR ultranacionalistas apretados por Torra. Ni las calles de Rentería son de la jauría humana que quiso impedir un mitin de Maite Pagazaurtundúa en 2019.

Y tampoco los jueces son del PP, como parece empezar a reconocer Casado. El Partido Popular, después de boicotear la renovación de órganos constitucionales vitales para la vida democrática ha consentido negociar los puestos vacantes del Tribunal Constitucional, defensor del pueblo o Tribunal de Cuentas. Pero Gobierno y principal partido de la oposición negocian fuera del Congreso, entre un ministro que no es diputado y el secretario general de los populares. Debería ser cosa de los grupos parlamentarios, pero PSOE y PP prefieren hacerlo en la calle. Es la querencia.

MÁS ARTÍCULOS DE OPINIÓN Ir a la sección Opinión »

Comentar

0 Comentarios

    Más comentarios