TRAS conocerse las previsiones económicas de la Comisión Europea y el Banco Central Europeo (BCE), un nuevo nubarrón vuelve a eclipsar la luz de los destellos de esperanza recientemente anunciados por el Ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos. Europa entrará en una fase de estancamiento en 2013. Las previsiones para España son decepcionantes: sufriremos una caída del Producto Interior Bruto (PIB) del -1,4% en 2012 y 2013, para iniciar una tímida recuperación del 0,8% en 2014. El paro seguirá creciendo hasta alcanzar el 26,6% en 2013 y no podremos cumplir con el objetivo de reducción del déficit, que se disparará hasta el 8% del PIB en 2012, y el 6% en 2013. La deuda pública continuará su dolorosa escalada hasta alcanzar el 92,7% del PIB en 2013. El núcleo de la Unión Monetaria también se verá amenazado. Alemania se acercará peligrosamente al estancamiento y Francia corre el riesgo de entrar en recesión en el último trimestre de 2013.

Son unas previsiones con mensaje claro a hacia todos los países del Sur de Europa. Para España la advertencia es clara: debe profundizar en el proceso de consolidación fiscal, con nuevos impuestos y reducciones del gasto público. El mensaje choca frontalmente con el deseo anunciado por Mariano Rajoy de proceder a reducir el IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas) a partir de 2014 y recuperar la paga de beneficios de los funcionarios, coincidiendo con el inicio de la recuperación.

Bruselas por el contrario nos advierte que no solamente se deben mantener durante más tiempo las políticas de ajuste presupuestario, sino que, además, si persiste el deterioro de las cuentas públicas, habrá que profundizarlas, con nuevos aumentos de impuestos y reducciones del gasto público.

De nada han servido las sugerencias del Fondo Monetario Internacional (FMI), advirtiendo de la necesidad de flexibilizar y ampliar el calendario de los ajustes si no queremos hundir en la recesión a los países del Sur, especialmente a España. Tampoco se ha tenido en cuenta la advertencia de que las subidas de impuestos están teniendo un efecto multiplicador negativo sobre el PIB, que supera la unidad, lo cual equivale a decir que cada euro de subida de los impuestos provoca un decrecimiento de la producción interior y de la renta muy superiores, provocando nuevas caídas de ingresos tributarios y más incremento del déficit.

El falso paradigma de la austeridad expansiva continua inamovible. No obstante, algo está cambiando en el dogmatismo nominalista de Bruselas. El comisario de Economía, Olli Rehn, empieza a relativizar el objetivo del déficit en términos nominales, y enfatiza la importancia de reducir el déficit estructural.

Algunos economistas venimos advirtiendo que perseguir la reducción del déficit (6,3% del PIB para 2012), sin distinguir entre déficit cíclico y déficit estructural, puede crear incentivos perversos y efectos dañinos para los países del Sur de Europa. Al déficit cíclico hay que dejarlo respirar, ya que constituye un estabilizador automático que suaviza los efectos de la recesión sobre la renta y el empleo y se refiere al coste del desempleo y otras prestaciones sociales. El déficit cíclico, superada la crisis, desaparece. El déficit que hay que atacar con firmeza y voluntad política es el estructural, que viene determinado, en el caso de España, por la excesiva dimensión de las administraciones central y autonómica y por el disparatado tamaño del sector público empresarial, con sus más de 2.500 compañías, entes públicos y sociedades mercantiles, por las duplicidades entre las administraciones central, autonómica y municipal y por la ineficiente gestión de los recursos y servicios públicos.

Éste es el principal problema del país, el que más afecta al endeudamiento público y a la competitividad de España. Es un déficit que se resiste y permanece, independientemente de la evolución del ciclo económico. Son recursos que permanecen improductivos, que además hay que financiarlos con recursos externos a un altísimo coste financiero, y que hay que reconducirlos hacia el sector privado para que se transformen en producción, creación de empleo privado y competitividad. Es la gran reforma pendiente, que ningún gobierno se ha atrevido a acometer, por su alto coste político y porque afecta directamente a sus propios intereses.

Desgraciadamente lo que han hecho los dos últimos gobiernos ha sido todo lo contrario. Han atacado el déficit cíclico, mediante el drástico recorte de los gastos corrientes que afectan a los salarios de los funcionarios, al desempleo y a las prestaciones sociales. Además todos estos ajustes los han anunciado como temporales. Se han centrado en los efectos, pero no en las causas de fondo que los generan, por lo que las tensiones presupuestarias volverán a aflorar en los próximos ejercicios. A pesar de los duros ajustes de las partidas presupuestarias cíclicas, el gasto público total no ha logrado reducirse, permaneciendo en niveles similares a los del año 2009, debido al desempleo que continúa creciendo y a la escalada del coste financiero de la deuda pública, que continúa aumentando por la falta de confianza de los mercados financieros en la equivocada política fiscal que España está practicando.

El problema se agrava cuando nuestros gobernantes, conscientes de que el margen de reducción del gasto público se ha agotado, y no atreviéndose a acometer la gran reforma y reducción de la Administración Pública, toman la vía del aumento generalizado y recurrente de impuestos, que empobrece a los ciudadanos y debilita las empresas, que disminuye su capacidad de ahorro dificultando la reducción de sus deudas y que reduce la producción y destruye empleo, en una espiral diabólica que se retroalimenta.

Estamos viviendo una época en la que la falta de responsabilidad personal e institucional, es la principal causa del retraso en la superación de la crisis y de la impotencia y desesperanza que envuelve a la sociedad. Por falta de responsabilidad y compromiso, el Gobierno parte de falsos diagnósticos para justificar políticas económicas equivocadas, que no atacan las causas profundas, por su alto coste político.

El Gobierno ha anunciado que va a realizar una auditoría de toda la Administración Pública. Hay que suponer que con el ánimo y la voluntad política de enfrentarse y acometer la gran tarea de su reducción, adelgazamiento y eficiencia. Esperemos que no sea una nueva estrategia de dilación. Va a ser doloroso y es posible que al Gobierno le cueste las próximas elecciones, pero es lo que España necesita, lo que justificaría los sacrificios que están soportando los ciudadanos, lo que devolvería la confianza a los mercados financieros y lo que avalaría la demanda de solidaridad a nuestros socios europeos.