Aprincipios de la crisis era general la idea de que con reformas que facilitaran la vida de las empresas, un apoyo al consumo, y la recuperación internacional se saldría más o menos pronto de la situación. Luego llegó el salvamento y reforma del sistema financiero y los ataques a la deuda pública, ambos unidos, y las intervenciones urgentes e improvisadas por bancos centrales y gobiernos, más allá de lo imaginable hace sólo tres años. Nadie ha hecho, en lo que conozco, un planteamiento completo de los cambios económicos y sociales que deben darse, con la complejidad y profundidad que esta crisis exige; incluyendo los más necesarios, como son reformas de mentalidad, de actitudes y de comportamientos.

El gobierno ha presentado un paquete de medidas que suponen un cierto giro desde las políticas pasivas, para mantener el aliento de la economía, a políticas activas, que buscan dinamizar las empresas. No prorrogar la ayuda a los parados puede verse como una consecuencia extrema del recorte de gastos. Pero si consideramos, de verdad, los recursos humanos como un activo y no una carga, la formación de la gente para acceder a un posible empleo, dentro o fuera de nuestro país, es una inversión relevante. La búsqueda de empleo ha de ser muy activa, y las ayudas que ahora desaparecen deberían seguir, pero condicionadas a una formación eficaz, decidida por las propias empresas.

Por otra parte, qué error eliminar la aportación obligatoria de las pymes a las cámaras de comercio; muchas de ellas están ya exentas y la mayoría pagan cantidades muy pequeñas; pero las cámaras aprovechan estos ingresos para prestar servicios de formación empresarial, innovación, tecnología e internacionalización muy valiosos. Además, redistribuyen los recursos que obtienen de las grandes empresas, que no utilizan esos servicios, en favor de las pymes. Con esta medida se va contra una política activa: la de las cámaras, con una pasiva, como es un supuesto apoyo fiscal a la empresa.

Sobre la reducción de la presión fiscal a las pymes , ésta es efectiva siempre que las empresas obtengan beneficios y dediquen ese ahorro fiscal a reducir endeudamiento y, en lo posible, a capitalizarse e invertir. Igual ocurre con la libertad de amortización, que permite imputar más gastos contables, reducir beneficios y pagar menos impuestos. Pero nadie tiene la clave de cómo hacer que fluya el crédito a la empresa pequeña y mediana, y cómo reducir la morosidad, que es el verdadero problema. Las privatizaciones tienen muchos matices, y la Junta ha dejado claro que sólo reduce su participación, a través de la agencia Idea, en empresas privadas en sectores estratégicos, no públicos. La entrada minoritaria de capital privado en aeropuertos y en la lotería ha sido bien acogida, pues estos ingresos reducen las emisiones de deuda y con su solo anuncio baja la presión en los mercados.

Siempre hay interés por inversores a largo plazo en negocios estables y con amplia experiencia de gestión. El capital privado andaluz tendría que estar atento a estos movimientos que permitirían vincular inversiones como las de los aeropuertos con los intereses de Andalucía.