ADAM Smith afirmaba que "no es la benevolencia del carnicero o del panadero la que los lleva a procurarnos nuestra comida, sino el cuidado que prestan a sus intereses", apelando a que del egoísmo de los particulares se logra el bienestar general como base de la economía de mercado. No obstante, los mecanismos del mercado no impiden las grandes desigualdades de renta y que la asignación de los recursos no siempre sea eficiente, dando lugar a los conocidos como "fallos del mercado" (bienes públicos, externalidades, concentración empresarial o a la inestabilidad de los ciclos económicos). Por ello, a lo largo de la historia se han ido creando un conjunto de instituciones (leyes, procedimientos, poder coercitivo del Estado, códigos de conducta) que han tratado de corregir los fallos del mercado, si bien este afán corrector degeneró a veces en intervenciones públicas que dieron lugar a "fallos del Estado", una fuente de nuevas ineficiencias que, en sus expresiones más exageradas, propiciaron la intervención del Estado restringiendo la propiedad privada y/o las libertades. No obstante, después de muchas guerras, revoluciones y miserias, los sistemas económicos y sociales de la mayoría de los países del mundo han ido convergiendo a economías de mercado limitadas por instituciones que tratan de limitar los fallos del mercado.

El ámbito político también es un mercado en el que los oferentes (políticos) venden progreso económico y social a cambio del voto de los ciudadanos. Por ello, los políticos (como los panaderos o cerveceros de Adam Smith) pretenden su recompensa en forma de poder y reconocimiento social. El problema de la situación política española es que el poder no lo puede ocupar ningún partido político porque no tiene suficiente apoyo electoral, por lo que los líderes políticos operan para obtener el mayor beneficio presente o futuro con posiciones personales diferenciadas.

Mariano Rajoy no ha querido presentarse a la investidura porque la perdería con la manifestación palmaria de su soledad a los ojos de todos, por lo que, aunque anuncie sus deseos de un Gobierno con el apoyo de su propio partido, del PSOE y de Ciudadanos, es consciente que, además de la negativa de Pedro Sánchez, los posibles aliados exigirían otro presidente del PP tras los nuevos escándalos de corrupción que han hecho recordar su incapacidad para erradicar esta lacra de su partido, por lo que lo más conveniente para él serían unas nuevas elecciones cuanto antes, para que no tengan tiempo de maniobra los que querrían sustituirlo al frente de su partido, y en la esperanza de que podría sumar algunos escaños adicionales.

El caso de Pedro Sánchez, consciente de que un gobierno soportado por PP-PSOE- C's le debilitaría frente a Podemos como la fuerza preponderante de la izquierda, y que unas nuevas elecciones le debilitarían aún más (si es que para entonces sigue liderando al PSOE), lo que le interesa es seguir estirando el papel de presidenciable con el que espera ganar reconocimiento y protagonismo, lo que tratará de rentabilizar ante los previsibles envites internos.

Pablo Iglesias pretende ocupar la posición preponderante en la izquierda española apoyado en un electorado más joven e indignado, lo que espera conseguir por el agotamiento programático y por la pesada mochila del PSOE, y por sus habilidades tácticas y elocuencia populista. Por ello su interés se encuentra en seguir el juego de posibles pactos y poner en evidencia las restricciones de la "casta".

Albert Rivera lo tiene más difícil, pues dada la imposibilidad de alcanzar el poder, su programa de ponderación y reformismo pierde gancho electoral en una marco de enfrentamiento derecha-izquierda que apela al voto útil, por lo que lo más que puede esperar es que siga siendo necesario en el futuro para la conformación de gobiernos y perseverar en sus mensajes sin desánimo.

Podríamos seguir con otras lógicas de intereses en esta hora crucial de España, pero lo que me interesa llamar la atención es que, si bien todos estos intereses son comprensibles y legítimos, la situación a la que están abocando al país no es conveniente para los intereses económicos y sociales de los españoles, y ellos se debe a que, no sólo falla el sistema de competencia en el mercado político, sino también fallan las reglas del juego de nuestro sistema democrático. Si hubiésemos elegido a personas en lugar de partidos (lo que se traduce en aparatos de poder que identifican los intereses nacionales con los de sus partidos, y los de sus partidos con los suyos personales), tendríamos parlamentarios que se sentirían más condicionados con el interés de los ciudadanos, que no es otro que solucionar los problemas colectivos, y el más urgente es el de posibilitar un gobierno estable y de amplio espectro. En caso contrario tendrían que volver a ser candidatos y presentarse ante sus electores individualmente respondiendo por sus actos.