LA Fiscalía General del Estado ha rechazado la detención del alcalde de Granada, José Torres Hurtado, su concejal de Urbanismo y otras quince personas, atribuyéndolas a una decisión unilateral de la policía (los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal) que no respondía a ninguna orden judicial. Según el fiscal, el estado actual de las investigaciones sobre la presunta trama de corrupción en que estarían implicados "no permite fundamentar medidas tan intrusivas en los derechos fundamentales".

La Fiscalía General del Estado lleva perdidas un montón de oportunidades de criticar operaciones policiales que menoscaban los derechos fundamentales de individuos, políticos o no políticos, que sólo son sospechosos a los que se investiga. Despliegues espectaculares que no se justifican por la peligrosidad de los arrestados ni por la gravedad de sus hipotéticos delitos, detenciones que quizás sería posible sustituir por comparecencias en sede policial, colocación de esposas a adultos inofensivos y pacíficos, avisos previos a los medios de comunicación y otros elementos que parecen buscar más el impacto que la eficacia apuntan en la misma dirección: la teatralización de la acción policial. No se quiere discreción, sino todo lo contrario.

El problema es que en España está desapareciendo, materialmente, el principio de la presunción de inocencia que la Constitución reconoce para todos los ciudadanos. Con detenciones como las de Torres Hurtado (Pepe el Tractorista, para los más rancios de la política andaluza) y tantos otros políticos de todos los partidos, estas personas quedan estigmatizadas socialmente y señaladas como culpables cuando aún faltan meses o años incluso para que se sienten en un banquillo de acusados... si es que se sientan, porque muchas veces las investigaciones no conducen al enjuiciamiento. En el estado actual de indagación de las denuncias contra el alcalde de Granada -que ya tarda en dimitir, por cierto- no hay pruebas en su contra, sino indicios o sospechas, lo que significa que continúa siendo inocente. En la práctica ya ha empezado a ser condenado.

Policías y guardias civiles cumplen órdenes, naturalmente, de modo que es el Ministerio del Interior el llamado a dotar a sus operaciones de proporcionalidad, prudencia y garantías. Si no lo hace, la justa indignación ciudadana con la corrupción deriva con facilidad en el linchamiento y la inquisición de los todavía no culpables.