La semana ha sido estupenda para Pedro Sánchez, que ya tiene Presupuestos para 2021 y, en la práctica, estabilidad durante toda la legislatura, y aún mejor para Pablo Iglesias, que disfruta de los mismos logros más el doble beneficio de continuar en el poder, aunque se reduzca su tirón electoral, y haberse quitado de encima la competencia de Ciudadanos como posible socio alternativo del PSOE. Doble o triple: su proyecto político para el futuro de España ha avanzado en estos días mucho más que en todos los años anteriores.

El proyecto Iglesias pasa por cerrar el paso a la derecha consolidando y reforzando la alianza de la izquierda estatal -circunstancialmente liderada por la socialdemocracia- con las fuerzas nacionalistas de los territorios ricos a las que se concederá el derecho de autodeterminación -o sea, la independencia- bajo el formato institucional de repúblicas confederales. A esto lo llaman bloque progresista, sin mucha propiedad. ¿Qué tiene de progresista consagrar la desigualdad entre los españoles, la disgregación de una nación próspera y el nacionalismo supremacista e insolidario (valga la redundancia)?

Todos los gobernantes de la democracia, de Suárez a Rajoy, de González a Aznar, han hecho concesiones al nacionalismo cuando se encontraban en mayorías precarias. Normalmente, cesiones de dinero, que son las más llamativas, y de poder, que son las trascendentales. En las negociaciones de los PGE de 2021 Sánchez ha aumentado en 300 millones la cantidad fijada para Cataluña en el borrador de las cuentas públicas y se ha superado por vez primera el porcentaje de inversión previsto en el Estatut. Para conseguir el apoyo de Esquerra Republicana de Catalunya.

Pero son más importantes, y peligrosas, las concesiones políticas. Como la de suprimir el control de los gastos impuesta a la Generalitat para impedir que invirtiera en el proceso independentista sin que hayan renunciado a él, sino todo lo contrario, o la de crear un comité Gobierno-ERC para la armonización fiscal de las comunidades autónomas, cuyo objetivo explícito es prohibirle a la Comunidad de Madrid que siga bajando impuestos, asunto que en todo caso debe negociarse en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, no a medias con el partido que patrocinó un golpe de Estado y no se arrepiente de ello. O la de entregar, al PNV, los terrenos de un cuartel de militar que hace nada era "de vital importancia".