Además de un laberinto de cifras y códigos, los Presupuestos Generales del Estado también contienen señales sobre la orientación de la política económica del Gobierno en el corto plazo y en los que, como proyecto para 2010 acaba de presentar la ministra Salgado ante las Cortes, hay algunas que parecen claras. La primera es que, como muy bien ha señalado la ministra, son unos presupuestos fuertemente condicionados por la situación de crisis de la economía española y por las estrecheces financieras del Estado. En un contexto tan restrictivo resulta inevitable elegir y, por lo tanto, renunciar a algunas cosas, de manera que otra de las señales más llamativas está en el aumento del gasto corriente y la reducción de las inversiones, que podría interpretarse como que el principal objetivo a corto plazo es que el país siga funcionando con la mayor normalidad posible. Por otro lado, que sean las partidas de gastos sociales las que más crecen también sugiere que los problemas se acumulan entre los más débiles y que el Gobierno piensa estar a la altura de las circunstancias en todo momento. También crecen los gastos derivados de los compromisos políticos, especialmente con las comunidades autónomas que, a la espera de las negociaciones para buscar la mayoría que permita sacar adelante el proyecto, mantienen su insolidaridad con las dificultades financieras del Estado.

Se puede hablar, por tanto, de unos Presupuestos de crisis o, si se prefiere, para sobrevivir a la crisis, pero para lo que no van a servir es para adelantar la salida ni para la transformación del modelo productivo, de la que tanto se ha hablado durante el último año. Más bien se podría pensar que unos presupuestos tan inerciales y con tan clara voluntad de acomodación a la situación podrían terminar retrasando la recuperación. Un buen ejemplo sería la anunciada subida de impuestos que, a pesar de justificarse con la loable intención de mantener la intensidad de las políticas sociales, pero que no ha podido evitar las críticas sobre su regresividad y, por lo tanto, carácter antisocial, podría resultar contraproducente para que la economía pudiera remontar el vuelo cuanto antes. La presión fiscal en España se mantiene en torno a la media de la OCDE, que por cierto superó en 2006, pero a mucha distancia de países como Francia, Bélgica o los del norte de Europa. El problema es que en todos ellos, salvo en Noruega, se ha reducido significativamente desde el año 2000, mientras que España es el quinto, tras Corea, Islandia, México y Nueva Zelanda, en el que más ha crecido. Así que otra de las señales más llamativas en estos presupuestos es la, a veces difícilmente comprensible, resistencia del Gobierno a modificar el rumbo de la política económica.

No hay cambio de modelo productivo tras estos presupuestos y la impresión es que están concebidos para adaptarse a la crisis, pero no para enfrentarse a ella. Justicia y educación son las honrosas excepciones, pero desde luego insuficientes para disimular la carga de inercia que contienen y la ausencia de voluntad reformadora en la política económica del Gobierno.