LA caída de un presunto comando corrupto en Cataluña ha colmado el vaso de la paciencia ciudadana. Los periódicos titulan que la corrupción empieza a ahogar la democracia, que la mancha se extiende, que la enfermedad afecta al oasis catalán y que existe una perceptible sensación de decadencia política. A la crisis que ha despertado a España del sueño de su milagro económico, se superpone una evidente crisis de liderazgo y ahora nos abruma este carrusel de detenidos ante juzgados de todas las latitudes: El Ejido, Sevilla, Marbella, Alhaurín El Grande, Estepona, Manilva, La Línea, Gürtel, Palma o Santa Coloma. No faltan partidos ni territorios.

La última operación de limpieza ha sido en Santa Coloma de Gramenet, saldada por el juez Garzón con prisión incondicional para cuatro sujetos vinculados al PSC-PSOE y dos de Convergencia Democrática, íntimos colaboradores del ex presidente Pujol. Preguntado por este asunto el viernes, al término de la cumbre europea, el presidente del Gobierno dijo que no descarta mejorar en el futuro los instrumentos de lucha contra la corrupción, pero que de momento no hay reformas legislativas en estudio. Un trasteo improvisado para salir del compromiso. Como el de la vicepresidenta Fernández de la Vega, cuando sostuvo que en el caso de Santa Coloma se habían asumido responsabilidades de forma inmediata y rápida. Falso. La Cámara de Cuentas catalana envió al Parlament un informe en 2007 en el que se denunciaban irregularidades en Santa Coloma. Y los socialistas, que gobernaban en esta localidad vecina de Barcelona, no actuaron de forma inmediata ni rápida.

Una sabia medicina contra esta enfermedad sería la prevención. Por ejemplo, que si el presidente del PP en la Comunidad Valenciana resulta ser "amiguito del alma" del presunto capo de una trama corrupta, debe dimitir, le hayan hecho o no regalos a él, su familia y sus colaboradores. Por ejemplo, que si un partido se escinde por la extrema derecha del PP, no puede ser bienvenido como aliado del PSOE en la Diputación de Almería. Por ejemplo, que el lugarteniente de Jesús Gil Marín en Estepona no puede convertirse cuatro años después en el brazo derecho de un alcalde del PSOE.

Todo esto y mucho más se sabía. No hace falta endurecer las leyes para que disminuya la corrupción. Bastaría con que los partidos tuviesen un mínimo sentido común en la elección de sus representantes y socios de gobierno. Pero eso está reñido con la lucha de los clanes que se disputan el poder en un territorio, con los afanes por sumar votos para conseguir una diputación u otras mezquindades que hacen que los dirigentes pierdan el pudor. Todo esto desmonta la tolerancia cero de la que presume la vicepresidenta. De momento lo que tenemos es prevención cero.