EN aquellos años del siglo XIII Sevilla se vislumbraba ya como una ciudad estratégica para la Corona de Castilla. La decisión de construir un edificio industrial que tuviera la suficiente capacidad logística para albergar la construcción naval se convirtió en una decisión política de singular trascendencia. Cuando el rey Alfonso X, hijo de Fernando III de Castilla, decidió en el año 1252 la edificación de unas Reales Atarazanas para la construcción de galeras, en unos terrenos fuera del recinto amurallado y cerca del río, en la zona comprendida entre la Torre del Oro, la Torre de la Plata, y las Puertas del Carbón y del Aceite. A este proyecto se destinaron fondos económicos cuantiosos y se designaron los mejores proyectistas y, desde entonces, Sevilla capitalizaría una posición de privilegio estratégico respecto de los mares Mediterráneo y Atlántico, que se vería corroborada 240 años más tarde, en 1492, con el Descubrimiento de América. Aquella decisión implicó grandes riesgos de gestión, pues hasta entonces, e incluso durante el resto de la existencia de las Atarazanas como astillero, era el sector privado, formado por los armadores y los comerciantes, el promotor de la construcción de naos y galeras, función que recaía preferentemente en los cómitres (capitanes de mar) los cuales, a su vez, encargaban las tareas de productivas a los carpinteros de ribera. Constituyó todo ello un sector económico de extraordinaria vitalidad en la Sevilla bajomedieval compuesto por herreros, torneros, calafates, etcétera.

Situándonos en el presente, planteo varias cuestiones al calor del debate producido tras la aprobación de la licencia de obras del Centro Cultural Atarazanas. La primera es que el proyecto de intervención, partiendo del presupuesto teórico de que toda intervención implica una rehabilitación, debe regirse por la legalidad vigente (leyes de patrimonio español y andaluz) y tomar en consideración las buenas prácticas consolidadas en relación con la preservación de los inmuebles históricos según los criterios de autenticidad, integridad, conservación y gestión de su mantenimiento. Como desde algunas organizaciones se ha aludido a los planes nacionales de patrimonio, particularmente el Plan Nacional de Arquitectura Defensiva, quiero hacer constar que los Planes Nacionales no son instrumentos legislativos, sino que son instrumentos de gestión del Patrimonio Cultural que, partiendo del estudio de los bienes que lo integran, permiten racionalizar y optimizar los recursos destinados a su conservación y difusión, asegurando en todo momento la coordinación de las actuaciones de los organismos de la Administración estatal, autonómica y local. Y que este Plan no es el único, o el más adecuado, para considerar el entorno de análisis y gestión de la intervención propuesta para las Atarazanas, pues bien serviría también considerar otros planes como son el de Patrimonio Industrial y el de Conservación Preventiva.

La segunda se refiere a la necesidad de registrar durante el proceso de intervención la materialidad constructiva y espacial del bien cultural expresada en la observación directa de su estructura que, inicialmente, puede establecerse en la excavación hasta la cota cero de un sector, sin que ello impida que, en otra fase de la vida de este conjunto arquitectónico, pudiera ampliarse a una zona más amplia.

La tercera tiene que ver con la integridad del bien cultural en sus diferentes fases constructivas. Es ahora el momento de intervenir también las naves superiores para conseguir, además de su estabilidad y consolidación, más superficie de espacio útil para el nuevo proyecto y una mejor comprensión patrimonial del edificio en su conjunto.

La cuarta consideración debe contemplar la obligación de una remodelación completa de la membrana espacial que envuelve a las Atarazanas. Me refiero a una ordenación y urbanización de los espacios públicos colindantes de las calles Temprado y Dos de Mayo y de los Jardines de la Caridad. Lo que implicaría una actuación de regeneración urbanística que pasaría por la peatonalización, restricción de aparcamientos, arbolado, conectividad visual, accesibilidad y señalética.

Y la quinta variable tiene que ver con el Programa de Usos. El espacio de Diálogo Andalucía y América debería centrarse en el presente, sin olvidar ni incluir su dimensión histórica de excepcional importancia cultural. Propongo que ese diálogo se haga en positivo y en clave de cooperación. Convirtiendo las Atarazanas en un espacio de intercambio privilegiado entre Andalucía y América acerca de los proyectos que hoy en día son claves para un futuro más sostenible como son: las energías renovables, la construcción sostenible, la gestión medioambiental, la gobernanza democrática, las crisis humanitarias, la cooperación al desarrollo, la regeneración urbana, los paisajes culturales, el patrimonio cultural y el proceso histórico que unió para siempre a Sevilla con América.

Ésta es mi propuesta que, pienso, debe ser coherente con la idea expresada en el título: queremos más Atarazanas; sí, pero como motor del desarrollo urbano y cultural de Sevilla, en coherencia con su origen histórico innovador y en consonancia con las demandas de gestión sostenible de los bienes culturales que hoy en día exige la sociedad. El Ayuntamiento de Sevilla, como institución representativa de todos los sevillanos, debe formar parte activa de la comisión que está redactando el plan de usos y gestión del Centro Cultural de las Atarazanas.