ESTE año se pone en marcha la conversión del mapa regional de Francia. Las medidas legislativas adoptadas a finales del 2014 que reducían las regiones francesas de 22 a 13, las lleva ya a cabo, en estos días, el gobierno socialista de Hollande, sin más reticencias que las provocadas por la elección del nombre que ha de designar a las nuevas demarcaciones. Los motivos de esta reforma se expusieron de forma contundente desde que se inició la discusión de la ley: acabar con la duplicidad de administraciones supone un ahorro de más de diez mil millones de euros anuales. Ante tal argumento, senado y asamblea nacional la aprobaron sin problemas. Las regiones que se opusieron al cambio no lograron concentrar más de un millar de personas en sus protestas.

¿A qué cabe atribuir una aceptación tan mayoritaria? Se podría recurrir a la bendita influencia de la razón cartesiana, a los valores de igualdad y fraternidad difundidos desde 1789 por la Revolución, o a una decisión mucho más pragmática. Así se ahorran miles de millones en gestiones y -y sobre todo en gestores- que se superponen inútilmente. Por tanto, el Estado de bienestar sale beneficiado en más hospitales y mejor enseñanza, sin que por ello bretones, alsacianos, camargueses o vascos vayan a perder el amor a sus paisajes, el cariño por su tierra, las viejas tradiciones y su rica cultura.

¿Es posible una medida similar en España? Ni siquiera es imaginable. ¿Cómo anteponer la racionalidad en la administración del bienestar social a los intereses políticos y funcionariales de cada uno de los feudos y reinos de taifa regionales establecidos desde 1978? Todos esos cargos fueron ocupados por militantes y clientes de los mismos partidos que ahora deberían aprobar su reconversión e incluso su desaparición. Ni imaginable ni concebible en la España actual. Ya cada territorio ha buscado bandera, himno, tradiciones, e incluso una lengua, para poder así sentirse ajeno y alejado del vecino y no compartir nada en común. Tender puentes, racionalizar las gestiones se consideraría una agresión contra lo propio, es decir, contra unos puestos de trabajo, que han sido envueltos, cautamente, bajo la pátina sagrada de soportes de una identidad en peligro. Una identidad que ha sido inventada y fabricada por un grupo de políticos que han alcanzado así su poder y su razón de existir. Para desplazar a esta clerecía sentimental hace falta mucha racionalidad. Y eso en Francia funciona, en España no es fácil.