LA noche del martes Alfredo Pérez Rubalcaba mantuvo una larga conversación telefónica con Pere Navarro, que no conocieron los dirigentes socialistas catalanes -es más, la negaban- porque tanto el secretario general del PSOE como el secretario general del PSC quisieron mantener discreción sobre ese cambio de impresiones para evitar que desde los sectores independentistas del PSC, que los hay, acusaran al equipo de Pere Navarro de ponerse a las órdenes del PSOE, cuando el PSC es un partido con estructura y estrategia propia.

Rubalcaba no dio instrucciones a Navarro, no lo ha hecho desde que asumió la máxima responsabilidad del PSOE; le explicó su punto de vista sobre lo que suponía el apoyo a una consulta que no tiene nada que ver con el derecho de los catalanes a decidir, sino que se trata de una consulta que, tal como está redactada la declaración parlamentaria, avala el independentismo.

Los contactos entre Rubalcaba y Navarro son más estrechos de lo que se piensa, y la mayoría de sus conversaciones y encuentros no trascienden porque ninguno de los dos tiene interés en que se hagan públicos, provocarían roces importantes entre miembros destacados del PSC entre los que existen discrepancias respecto al independentismo. Y también son más estrechos de lo que se piensa los contactos entre Mariano Rajoy y Alfredo Pérez Rubalcaba, aunque la mayoría de sus conversaciones y encuentros tampoco trascienden. Pero como dicen los cargos más relevantes del PP cuando no hay micrófonos delante, el secretario general del PSOE es un hombre con sentido del Estado y que siempre está al lado del Gobierno en las cuestiones verdaderamente relevantes, las institucionales. Por encima de las discrepancias políticas está su lealtad a la Constitución, a la Corona y a la unidad de España. Un alivio para el presidente del Gobierno, que necesita tener a su lado al principal partido de la oposición para poner freno al independentismo catalán.

En contra de lo que pensaba gran parte de la dirección nacional del PP, Artur Mas no ha renunciado a su idea de una Cataluña soberana e independiente, y el resultado electoral le ha obligado a profundizar aún más en esa línea porque la pérdida de escaños le ha echado en brazos de ERC y Oriol Junqueras que, al contrario de lo que ocurría con Artur Mas al menos hasta hace dos años, llevan el independentismo en la sangre. En el PSC estaban convencidos de que Mas insistiría en la línea marcada, y esa fue la razón de que días antes de que se celebraran las elecciones autonómicas Carmen Chacón pidiera cita a Rubalcaba para exponerle sus impresiones sobre lo que ocurría en Cataluña.

La ex ministra de Defensa, absolutamente alejada de las tesis independentistas, mantuvo una larga reunión con su antiguo rival para la Secretaría General del partido al que advirtió de las intenciones de Mas de sacar adelante su proyecto secesionista aunque eso significara el fin de su carrera política.

En cuanto al PP, Alicia Sánchez -Camacho estaba menos segura que Chacón respecto al independentismo de Mas si no lograba un buen resultado el 20-N. En cambio, Rajoy sí estuvo bien informado sobre las intenciones de Mas a través de las impresiones que trasladaba Josep Piqué a Javier Arenas, que además sugirió al PP que no fuera excesivamente agresivo en las críticas a Artur Mas pues tenía una sorprendente habilidad en transformarlas en críticas a Cataluña, y abundar así en el victimismo.

La incógnita hoy está en conocer qué ocurrirá tras la aprobación de la declaración independentista el pasado miércoles en el Parlament.

Pere Navarro va a sancionar a los cinco diputados disidentes del PSC, debe hacerlo para mantener así su autoridad, que ha quedado en entredicho al no conseguir disciplina de voto ante una cuestión vital para Cataluña.

En CiU no se esperan novedades. Duran Lleida ha demostrado una vez más que no se atreve a plantar cara a Artur Mas, como tampoco lo hacía antes con Jordi Pujol; necesita mantener la coalición si pretende seguir en política. Y la clave está en la respuesta que pueda darle el Gobierno central.

La idea inicial es restar importancia a la declaración, de hecho el "argumentario" que el partido suele enviar a sus cuadros y a los medios de comunicación dice que la declaración no tiene valor jurídico alguno. Dice también que va contra la Constitución y que si los independentistas quieren cambiarla se han de pronunciar todos los españoles, y va contra el Estatuto de autonomía que, para ser reformado, necesita el respaldo de dos tercios del Parlamento catalán, cinco votos más de los logrados por la declaración.

En esa misma línea Rajoy ha dicho de manera informal a los periodistas que le acompañan a su viaje iberoamericano que la declaración aprobada por el Parlament tiene "valor cero".

Pero a pesar del argumentario y de lo que piensa el presidente del Gobierno, el Consejo de Ministros ha pedido un informe a la Abogacía del Estado sobre qué ocurriría en el caso de que el Gobierno central no presentara un recurso contra la iniciativa. Como explicó Rajoy a los periodistas en el avión que les trasladaba a Chile, el informe no es sobre las consecuencias de la declaración, sino sobre las consecuencias de que "el Gobierno se quede de brazos cruzados".

El simple hecho de solicitar el consejo de la Abogacía General del Estado significa que el Gobierno, de brazos cruzados, nada. La declaración ha pasado el primer trámite, el parlamentario, y ahora es el turno de que los partidos constitucionalistas entren en juego.