LA Audiencia de Sevilla ha establecido un empate provisional en la larga disputa -y lo que te rondaré, morena- entre la juez Mercedes Alaya y la Junta de Andalucía a cuenta de la instrucción que realiza la primera sobre el caso de los ERE fraudulentos tramitados por la segunda.

La juez se había apuntado un tanto cuando la Audiencia dictó un auto dándole la razón en su requerimiento para que la Junta pusiera a su disposición las actas de todos los consejos de gobierno celebrados entre 2001 y 2010: esta petición no era, según el tribunal, ni arbitraria ni caprichosa, sino que estaba justificada. Las deliberaciones del consejo son secretas, pero no las actas.

Por el contrario, la Audiencia sí estima ahora improcedente la medida cautelar decretada entonces por Mercedes Alaya dando un plazo de 72 horas para que el Gobierno andaluz le enviara todas las actas. Así se hizo, lo que dio origen, el 7 de abril pasado, a un espectacular retrato de época de la corrupción política: los operarios trasladando al juzgado el armario blindado que desde entonces permanece, bajo custodia, con las 480 actas en su interior.

El nuevo auto de la Audiencia considera un exceso esta medida cautelar, tomada "para evitar, en el terreno de las hipótesis, que pudieran alterarse u ocultarse partes relevantes", ya que no razona en qué datos se apoya para esa desconfianza hacia los gobernantes autonómicos, que al fin y al cabo son un poder legítimo del Estado. Es como si la Junta hubiese esgrimido en su argumentación que debía conservar en su poder las actas, pero no porque es su lugar natural hasta que el Supremo resuelva el conflicto de jurisdicción existente, sino porque no se fía de que la juez -otro poder legítimo del Estado- no vaya a "alterar u ocultar partes relevantes" de los documentos.

Para un profano, como yo, la juez se excedió en ese momento porque aplicó a la Junta una especie de presunción de culpabilidad, aunque fuera "en el terreno de las hipótesis". Hay hipótesis cuyo simple enunciado constituye un enorme instrumento de deslegitimación de las instituciones. También me pareció excesivo el hecho mismo de solicitar todas las actas gubernamentales y no sólo las que estén referidas a la gestión de los ERE (expedientes de regulación de empleo), que son las pertinentes en la investigación penal del escándalo que le ha sido encomendada. Su labor ha de centrarse en los ERE, que ya es suficiente escándalo, no en toda la labor del Gobierno andaluz durante diez años.

Por lo demás, este empate Junta-Alaya no resuelve el conflicto de jurisdicción planteado ante el Tribunal Supremo, que será quien decida si las dichosas actas se hacen públicas o no.