EN estos días la Constitución cumple 36 años y lo hace rodeada de importantes incógnitas sobre su futuro inmediato. Siendo la más longeva de nuestra azarosa historia, hay que admitir que entra en la edad madura aquejada de graves males. Desde hace algunos años, sus cimientos sufren la potente erosión provocada por acontecimientos de diversa índole. De tal suerte que, a día de hoy, el edificio construido en el 78 corre el riego de derrumbarse. Hemos pasado, así, de una historia de innegable éxito en la que la Constitución emanaba una indudable fuerza cohesionadora social y política, a una situación en la que el cuestionamiento cobra cada vez más fuerza.

Existe general coincidencia en el diagnóstico de los males que aquejan a la norma constitucional, empezando por el que, sin lugar a dudas, supone la amenaza más grave que se cierne sobre su supervivencia y que no es otro que el frontal envite independentista lanzado desde Cataluña. Incapaz de asimilar y gestionar la reivindicación de un mayor y mejor autogobierno contenido en el Estatuto de 2006, el Partido Popular optó por judicializar la cuestión ante el Tribunal Constitucional. Con ello, erró el tiro en un doble sentido, puesto que no sólo situó indebidaamente al TC en el epicentro de una delicada controversia cuya dimensión política desbordaba ampliamente la argumentación jurídica. Asimismo, tras la declaración de inconstitucionalidad de la operación reformadora, el problema vino a agudizarse ulteriormente, produciendo un colosal efecto movilizador entre la ciudadanía catalana reivindicando el derecho a decidir su continuidad en España. A partir de ahí, la ascendente espiral independentista ha generado el abierto enfrentamiento entre los gobiernos implicados y, como efecto inducido, ha dejado al descubierto la existencia de profundas grietas en el entramado constitucional del Estado autonómico.

Las propuestas para superar tan peliaguda situación apuntan en direcciones muy diversas. Si entre el nacionalismo catalán se aboga directamente por la ruptura constitucional, en el campo estatal se detectan tres líneas argumentales contrapuestas, empezando por el autismo del Gobierno central, que defiende la vigencia del modelo territorial y apuesta por que, amainado el conflicto catalán, las aguas autonómicas volverán a su cauce. Por su parte, el Partido Socialista apela al mantra del federalismo como vía de superación del conflicto, presentando la reforma constitucional como el remedio milagroso que hará desaparecer el órdago independentista. Completando el cuadro, Podemos da por finiquitado el ciclo del 78 y reclama directamente la apertura de un proceso constituyente. A la luz de tan divergentes planteamientos, el cambio constitucional no sólo se muestra como una hipótesis remota sino, sobre todo, como un camino intransitable

Abierta la caja de Pandora de la crisis ha adquirido carta de naturaleza como problema estructural el insoportable nivel de corrupción que azota a buena parte de la clase política española y que amenaza gravemente la supervivencia del sistema político en su conjunto. Y ya no se trata sólo de los efectos perversos que para la legitimidad institucional se derivan del uso en clave partidista (véase si no, el profundo descrédito en el que se encuentra el Tribunal Constitucional). Junto a ello, se ha puesto de manifiesto una creciente dinámica de utilización de las instituciones públicas para el lucro personal de quienes las ocupan. Enrocados en la presunción de inocencia, buena parte de los cada vez más numerosos representantes políticos procesados, inculpados o imputados (¡Cuánto derecho procesal estamos aprendiendo gracias a nuestros políticos!) por delitos de corrupción pretenden, con el apoyo tácito o explícito de sus partidos, seguir adelante como si nada.

Más allá de las efectistas declaraciones mediáticas por parte de algunos líderes, lo cierto es que la responsabilidad política no está ni se la espera y así resulta imposible que las instituciones colonizadas por los presuntos corruptos no resulten directamente afectadas. Siendo ésta la situación, la cuestión a plantearse es si el problema está en el marco normativo que regula la corrupción o si presenta una raíz más profunda. Porque de encontrarnos en el primer supuesto, la imprescindible regeneración se derivaría de la transformación del ordenamiento jurídico. Sin negar la necesidad de adaptar la Constitución a las actuales circunstancias, hemos de ser conscientes de que los problemas aludidos evidencian una cultura política democrática profundamente deficitaria. Precisamente por ello, hay que tener muy claro que la reforma constitucional sólo será útil en tanto sea la cristalización jurídica de un proceso de reflexión social y política sobre las coordenadas fundamentadoras de nuestro sistema. En defecto de tal premisa, hablar de reforma constitucional me hace recordar que mientras el Titanic se hundía, la orquesta seguía tocando.