UNA de las características del nuevo orden económico mundial es que la aportación al crecimiento de la producción mundial de los países con salarios reducidos no ha dejado de crecer en ningún momento y que, como consecuencia de ello, los costes laborales medios por unidad de producto han estado reduciéndose desde mediados de los años 90. Ésta ha sido una de las principales causas de la pérdida de competitividad de algunas economías occidentales antes de la crisis de 2008, entre ellas Andalucía y España, donde según la Encuesta Trimestral de Coste Laboral los costes por trabajador y por hora trabajada no dejaron de crecer a un ritmo considerablemente superior al PIB hasta el último trimestre de 2009. Entre las manifestaciones más perniciosas del deterioro de la competitividad estuvo la deslocalización industrial. Algunas empresas sustituyeron la producción propia de sus productos por el suministro desde las nuevas potencias industriales emergentes, mientras que otras optaron por trasladar íntegramente las actividades de producción. Las ventajas fiscales, los reducidos costes del factor trabajo y la tolerancia de la legislación laboral o ambiental permitían, se decía, compensar sobradamente los costes del transporte, la deficiencias de las infraestructuras o las incidencias en los suministros. La cuestión es que en 2004 la aportación de la industria al PIB regional se situó por primera vez en la historia por debajo de la construcción.

De un tiempo a esta parte se perciben señales de una involución en el proceso. Los primeros indicios acerca de que un proceso de reindustrialización podría haberse iniciado o estar a punto de hacerlo, se observan en el sector textil del norte de España y en la recuperación de las exportaciones de manufacturas, así como también en las siempre mediáticas noticias en torno al sector del automóvil. Hay que tener en cuenta que el grueso del ajuste de los costes laborales comenzó a principios de 2010 y que a lo largo de estos tres años la economía española ha ganado en flexibilidad, lo que podría explicar que algunas de las rigideces estructurales características de los años anteriores estén comenzando a ceder ante los ajustes. Andalucía está obligada a considerar sus opciones en este proceso en su búsqueda, hasta ahora decepcionante, de alternativas de futuro al desplome inmobiliario.

Sus principales ventajas son similares a las de otras regiones y entre ellas hay que destacar un entorno de productividad que puede ser muy favorable gracias al stock de capital público acumulado desde nuestra entrada en la UE y la proximidad a los mercados. Entre los obstáculos que permanecen, o que se han venido levantando en los últimos tiempos, hay que señalar el aumento de la presión fiscal; la cuña fiscal sobre los salarios, es decir, el conjunto de gravámenes sobre las rentas del trabajo; el propio deterioro del stock de capital público; la burocracia y el importante deterioro de la imagen de España debido, tanto a la incertidumbre sobre la solvencia financiera del Estado y de los bancos, como a la reiteración de las noticias de corrupción.