Imaginen que todo ciudadano español recibiera un sueldo mensual del Estado, sin necesidad de trabajar ni querer hacerlo y con independencia de si riqueza o de que gane otras rentas por otros trabajos o negocios. ¿Inimaginable? No para el Gobierno nominalmente conservador de Rajoy. Aunque ese tren político lo cogió primero Podemos que, como suele o solía, ha arrastrado a un PSOE que sale del fuera de juego progresista a trompicones, hace ahora un año el presidente aseguró que emprendería esa senda que tan impropia le es a priori. Eso sí, apenas ocho meses después se desdijo con un argumento competencial en el que no entraremos en este recuadro.

La controversia sobre la llamada Renta Básica Universal (RBU) viene de largo, pero en los últimos años ha cobrado mayor presencia en el debate sobre los retos de la política económica. Lejos de ser una propuesta comunista, chavista o de -si esto existe ya- socialismo real, son los pepitogrillos occidentales del Estado de bienestar como Finlandia, Suiza u Holanda quienes ya caminan en esa senda. Sus partidarios argumentan que así se garantiza en parte una vida digna, se evitan trabajos miserables o abusivos y se pagan mejor los puestos muy duros, moderala economía sumergida, y estimula el autoempleo al tener las espaldas algo más cubiertas y una cierta autofinanciación. La RBU percibida por personas con salarios medios y altos u otras rentas retornaría al Estado mediante impuestos directos progresivos. Para quienes están en contra, la RBU no sólo eliminaría el estímulo por trabajar y los valores de la formación y el esfuerzo que nutren la riqueza de un país, sino que generaría inflación, condenaría a la gente sin papeles a trabajos de quasi esclavitud y, paralelamente, atraería a una inmigración ya sin incentivo por aportar su trabajo; la RBU -si ignoramos otro retorno vía consumo e impuestos- mermaría la capacidad inversora del Estado y sus programas de educación, soft a largo plazo.

No conviene comparar lo incomparable, de todas formas: España tiene un problema de déficit y deuda públicos que pone en duda la factibilidad de la RBU (cuyo montante de partida aquí es muy esmirriado: 426 euros). Tampoco olvidemos que aquí nuestras pensiones, salvo algunas, son modestas y con tendencia a empeorar, las ayudas a los que nada ingresan son bajas, hay una enorme balsa de economía sumergida y los salarios son también mucho más bajos. Y eso, bien mirado, es una bomba de relojería. Es pertinente reabrir el debate sobre la RBU.