EL compromiso de los gobiernos de la UE, con la ayuda adicional del FMI, para rescatar a Grecia ha devuelto la confianza a los mercados. Esta recuperación de la confianza ha sido reforzada por el acuerdo de crear un fondo de estabilización para ayudar en el futuro a los países que se encuentren en dificultades. Hasta el propio BCE ha arrimado el hombro, ampliando los activos que pueden presentarse como garantía para solicitar fondos. Todas estas medidas sólo representan una tabla de salvación para cuando un país de la Eurozona se encuentre con graves dificultades fiscales, pero no resuelven los problemas de fondo. Y el problema fundamental que preocupa hoy a los mercados y a los gobiernos, ha dejado de ser el crecimiento y se ha convertido en la sostenibilidad de las cuentas públicas.

Caben dos posiciones para restablecer la situación. Una primera, confiar en que la vuelta al crecimiento genere una mayor recaudación de impuestos ¿Es posible? El crecimiento interno va a ser lento porque el endeudamiento de familias y empresas y la alta tasa de paro no abonan favorablemente el terreno. Tampoco el crecimiento externo va a provocar un tirón significativo de la renta, porque los países europeos (70% de nuestras exportaciones) continuarán todavía con un raquítico comportamiento.

La otra posición es atajar el problema por la vía del recorte de gastos, combinada con una ligera subida de impuestos. Esta es la receta que nos están demandando todos los actores internacionales. El Gobierno presentó esta semana en Bruselas su plan para reducir paulatinamente el déficit. Reducir este año 30.000 millones de euros en el déficit y otros 20.000 el próximo año va a ser muy difícil.

Por un lado, el crecimiento, si lo hay, va a ser anémico, con lo que la recaudación adicional de impuestos será reducida. La parte más dura va a ser la reducción de los gastos. ¿Qué gasto reducir? ¿El del Estado, el de las Comunidades Autónomas o el de los Ayuntamientos? ¿En qué medida contribuirá cada uno? O por partidas, ¿Sanidad y Educación, que representan las dos terceras partes del gasto de las administraciones regionales? ¿En qué medida será el gasto corriente y en cuál el de inversión? ¿Afectará la reducción del gasto sólo a partidas específicas o se hará a través de un corte transversal que afecte a todos? Esto es, una congelación/reducción de salarios, como han adoptado Irlanda y Francia, y lo hizo muy duramente Suecia en la crisis de los noventa. Además de las medidas fuera del presupuesto que los gobiernos adoptarán en lo que queda de año, habrá que esperar hasta después del verano, cuando se elaboren los de 2011, para ver qué partidas y en qué cuantía van a quedar afectadas. La actitud mostrada hasta ahora, tanto por el Gobierno Central como por la Junta de Andalucía, de esperar y ver es peligrosa, porque el paso del tiempo está agravando los problemas. En todo caso, ni unos ni otros pueden hoy estar atados de manos por compromisos de hace dos años cuando no había crisis -o no se quería ver-. Ni los sindicatos a nivel nacional pueden apelar a cláusulas de revisión salarial, ni los agentes sociales en Andalucía a apremiar al Gobierno regional a cumplir unos compromisos de la concertación para los que carece hoy de recursos.