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Les hablaba la pasada semana de las dificultades que presenta la reclamada tributación de los robots. En concreto, me detuve en el laberinto que supone su personificación fiscal. Precisamente por ello, son mayoría los que defienden que todos los retos jurídicos que plantea la robótica -desde la responsabilidad civil a la tributación, pasando por principios éticos, propiedad intelectual, seguridad, etc.- pueden y deben resolverse legislativamente con el establecimiento de un registro de los diferentes ingenios y determinando una persona física o jurídica responsable de éstos. Como señala el profesor Carlos Javier Galán, no se trata tanto de que paguen los robots, sino sus dueños o explotadores en lo que derive del uso de los mismos, y sus fabricantes o programadores por los defectos que les sean atribuibles.

En la zona que nos afecta, la de su repercusión socio-laboral, resta un cuarto y último escollo: si a la postre solventamos las anteriores obstáculos, ¿qué tipo de obligación tributaria tendrían que satisfacer estos trabajadores especiales? Observa la abogada Beatriz Rodríguez-Patiño que en el caso de que se implantara una "cotización obligatoria de los robots", tendríamos que modificar la naturaleza y la lógica toda de nuestro sistema de Seguridad Social, dado que se estaría introduciendo vía "cotización" un nuevo sujeto que no generaría derechos.

La otra alternativa factible, la de aumentar en tales supuestos el tipo del Impuesto de Sociedades, tampoco está exenta de crítica: nuestro sistema contributivo financia pensiones con cotizaciones y no con tributos. Los impuestos, por definición legal, no son finalistas, de tal modo que, de hacerse así, nada garantizaría tal uso específico del importe recaudado.

De ahí, el camino más sensato: lejos de tenerlos por "sujetos pasivos", los robots deberían ser considerados "hechos imponibles", haciendo recaer el cumplimiento de la obligación en sus propietarios o beneficiarios. Al tiempo, o desarrollamos un nuevo concepto de cotización empresarial vinculada a la sustitución tecnológica de la actual mano de obra, o creamos una figura tributaria que, de alguna manera, asegure el destino exclusivo de su recaudación al sufragio de las prestaciones sociales.

Sea como fuere, la "deshumanización" laboral es un fenómeno imparable y sorprende la escasísima atención que, al menos en España, está mereciendo un riesgo tan próximo como socialmente medular.

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